Martinelli ordenó pinchazos telefónicos, según acusación del magistrado Harry Díaz

En el escrito de acusación presentado por el magistrado fiscal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, se explica como desde la sede del Consejo de Seguridad Nacional, en el corregimiento de Ancón, funcionarios, por órdenes del expresidente de la República de Panamá y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli, realizaban las interceptaciones telefónicas a múltiples ciudadanos.

Los argumentos del magistrado fiscal, Harry Díaz, en su escrito de acusación por el caso de los pinchazos telefónicos, son contundentes, porque plantea como el expresidente Ricardo Martinelli, desde su posición de poder, creó un grupo organizado dedicado a estas actividades ilícitas, usando equipos comprados con dinero del Estado desde la sede del Consejo de Seguridad.

Los elementos acusatorios del fiscal Díaz, están basados en las investigaciones que realizó para recabar pruebas que vincularan al expresidente Martinelli, contra el delito de las escuchas telefónicas, revelando que encontró “suficientes pruebas” que lo vinculan como "autor" y responsable de las acusaciones en su contra.

Elementos encontrados durante la investigación

Entre los elementos encontrados destacan que entre los años 2012 a mediados del 2014, el entonces presidente Martinelli, daba las órdenes a funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes trasladaban del edificio conocido como 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad en Quarry Heights en el corregimiento de Ancón, las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a celulares y teléfonos fijos, pruebas de correos electrónicos, fotografías, entre otros; los cuales eran llevados a la Presidencia de la República en sobres amarillos cerrados.

Según las pruebas recabadas por el magistrado fiscal, Martinelli, realizaba las interceptaciones con los recursos del Estado, en contra de activistas políticos, dirigentes sindicales, abogados, gremios educativos, grupos de la sociedad civil y médicos, lo que demostraba la constante violación a la intimidad y derechos humanos de los panameños.

Testimonios

Varios funcionarios de la pasada admiración fueron entrevistados por el magistrado Díaz en calidad de testigos, entre las figuras que destacan se encuentran:

El exdirector de la Policía Nacional (PN), Gustavo Pérez, quien señaló durante la declaración jurada, que el Jefe de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional, Ronny Rodríguez, tenía órdenes estrictas de trabajar con la Presidencia de la República.

Por su parte, el exministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, manifestó que la política de seguridad del Estado era responsabilidad del presidente de la República y que aunque el Decreto Ley N° 263 establece una Junta Directiva, no existía un acta firmada por él como asistente a las reuniones, ya que quien la convocaba y presidia era el mandatario.

La misma versión de Papadimutrui, fue manejada por el exministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, señalando que el Consejo de Seguridad Nacional, estaba adscrito a la Presidencia, por lo que no su responsabilidad directa.

Una de las declaraciones más reveladoras, fue la de Júbilo Graell, quien era funcionario del Consejo de Seguridad, al señalar que el jefe de Inteligencia, Ronny Rodríguez, le impartía instrucciones de vigilancia y seguimiento a ciertos “objetivos que le interesaban directamente al presidente”, por lo que llevaba todas las mañanas a Rodríguez a la Presidencia de la República con un sobre amarillo.

Además manifestó que trasladó un rack para servidores (mueble de seguridad que almacena los discos de un servidor), desde la sede del edificio 150 del Consejo de Seguridad, hacia la sede del Súper 99 en Monte Oscuro.

Pena

El magistrado fiscal, Harry Díaz, solicitó al al juez de garantías, Jerónimo Mejía, la imposición de cuatro (4) años de prisión por las interceptaciones telefónicas, cuatro (4) años más por persecución y vigilancia sin autorización, 10 años por malversación y tres (3) años por peculado de uso, lo que suma un total de 21 años de prisión.

Díaz, al encontrar suficientes pruebas, solicitó al juez de garantías, la apertura de un juicio oral contra Martinelli, ante el Tribunal de Juicio, para lo que se debe fijar una fecha.

Solicitud a la Interpol

TVN Noticias, conoció que Marcos Córdoba, comisionado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), una vez recibió el formulario de notificación azul enviada por el magistrado Harry Díaz, giró este viernes 9 de octubre a la Interpol la solicitud en contra del expresidente Martinelli, a fin de conseguir mayor información sobre su paradero o actividades delictivas en relación con el asunto penal.