Martinelli pide a Pompeo que diga no a la extradición por motivos políticos

El expresidente Ricardo Martinelli. / EFE
Efe
30 2018 - 17:44

La defensa de Ricardo Martinelli anunció este miércoles que pidió al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, que tenga en cuenta las "motivaciones políticas" del caso y no extradite al expresidente panameño, pues el actual mandatario de Panamá, Juan Carlos Varela, es capaz de violar sus "derechos humanos".

"Pedimos al secretario de Estado que niegue a Panamá la extradición por su naturaleza política", dijo hoy a la prensa la abogada Inna Shapovalov, quien representará a Martinelli ante esa cartera estadounidense.

La abogada enfatizó que si Martinelli es entregado a la Justicia de su país, existe la "posibilidad" de que reciba un tratamiento inhumano, que "sea torturado" por parte de las autoridades y que le violen el debido proceso.

Planteó además que la falta de "independencia" y "corrupción" en el ámbito judicial panameño "incrementa" la imposibilidad de un juicio justo.

La defensa de Martinelli, que está encarcelado desde junio de 2017 en Miami, presentó así detalles de la nueva estrategia ante el Departamento de Estado, que es el que tomará la decisión final de extradición, después de que dos jueces federales dijeran que no hay impedimentos legales para que sea extraditado.

Shapovalov y el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, señalaron que desistieron de "todas" las apelaciones en las cortes de Estados Unidos para que el Departamento de Estado se pronuncie cuanto antes.

Ambos señalaron que la petición, presentada el pasado 15 de mayo, enfatiza en la enemistad política documentada por la prensa entre Martinelli y Varela, en el riesgo de que sus "derechos humanos" sean violados si es extraditado a Panamá y también en los intereses del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Mike Pompeo debe revisar esta petición de acuerdo con las políticas de Trump", manifestó la abogada.

La semana pasada se hizo pública una carta abierta de Martinelli al Departamento de Estado en la que afirma ser víctima de una "vendetta política" de Varela, además de haber defendido los intereses de Estados Unidos y seguido instrucciones de la CIA (Oficina Central de Inteligencia).

Shapovalov explicó que teniendo en cuenta que la Corte de Apelaciones del Undécimo Distrito judicial de EEUU aceptó este martes la moción de la defensa de retirar una apelación, el Departamento de Estado tiene a partir de esa fecha sesenta días para contestar.

Martinelli retiró la semana pasada el proceso de apelaciones con el que buscaba frenar su entrega a la Justicia panameña, que lo solicitó por un caso de escuchas ilegales.

Shapovalov indicó que los casos de extradición en las cortes de Estados Unidos son "muy limitados", pues a los jueces solo les permite determinar lo que concierne a los tratados de extradición y "no otros hechos" y deben "abstenerse de ver la situación política".

Matizó que en estos casos las cortes tienen una doctrina que no permite la investigación de los hechos.

Por el contrario, la abogada manifestó que el Secretario de Estado tiene una "latitud muy amplia" para revisar estos casos y puede tener en cuenta la situación política de los hechos e incluso cuestiones humanitarias.

Camacho explicó a Efe que con esta nueva táctica se da fin a "todas las apelaciones", lo mismo que a las solicitudes de libertad bajo fianza, para que el secretario Pompeo pueda hacerse cargo del asunto, lo cual no era posible si el caso dependía aún de decisiones judiciales.

Aclaró que descartar la pelea en las cortes no implica que Martinelli "acepta" la extradición y dijo que el exmandatario confía en el Estado de derecho en Estados Unidos.

Por otro lado, señaló que el retiro de la apelación no tuvo oposición de la Fiscalía de Estados Unidos, que representó al Gobierno panameño durante el juicio de extradición.

El exgobernante lleva detenido en Miami desde el 12 de junio de 2017 en razón de una solicitud de extradición de la Corte Suprema de Panamá que quiere juzgarlo por delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que operó durante su Presidencia (2009-2014).

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