Luis Cucalón quiere llegar a un acuerdo de pena con la fiscalía por el caso Cobranzas del Istmo

El exdirector general de Ingresos, Luis Cucalón, junto a otros dos acusados por peculado y corrupción en el caso de Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa), manifestaron su intención de lograr a un acuerdo de pena con la fiscalía, durante la audiencia preliminar que se inició este lunes 18 de septiembre en el Juzgado Primero Penal.

La jueza Agueda Rentería abrió el acto de audiencia a las 8:30 de la mañana. Cucalón solicitó ser asistido por su nuevo abogado Alberto Cuentas.

Cuentas se presentó oficialmente hasta hoy como defensor de Cucalón y pidió se suspendiese la audiencia, para tener tiempo de estudiar el expediente y así evitar que el exdirector general de Ingresos quedase en indefensión.

La audiencia fue pospuesta y se llevará a cabo el próximo 26 de octubre. No obstante, la juez no concluyó el acto y atendió otras peticiones de los acusados.

Gustavo Sierra, abogado de Cristóbal Salerno (dueño de Cisa), manifestó durante el acto de hoy que también pidió la suspensión de la audiencia porque habló con la fiscalía, para llegar a un acuerdo de pena.

Sierra es abogado de Salerno y de los otros acusados Magaly Ramos, Edgardo González, Irasema Sánchez y María Alessandra Salerno.

Al momento de manifestar que estaba negociando un acuerdo de pena, Sierra no especificó si incluía solo a Salerno o también a Ramos.

De darse un acuerdo de pena, el mismo puede involucrar a Cucalón, Salerno y Ramos, que son las tres personas para las que la fiscalía pidió el llamamiento a juicio.

González, Sánchez y María Alessandra Salerno no entrarían en ese acuerdo, porque para ellos la fiscalía solicitó el sobreseimiento y por ley, el juzgado debe acoger esa petición, archivando el caso solo en lo que compete a estos tres acusados.

El fiscal Adecio Mojica, admitió que se le comunicó que quieren un acuerdo de pena y tomando en cuenta que queda más de un mes para celebrar la audiencia, hay tiempo suficiente para lograr ese pacto.

Acto seguido, el abogado Cuentas pidió el reemplazo de la detención preventiva de Cucalón por una casa por cárcel debido a sus problemas respiratorios y de hipertensión. "Apelamos al concepto humano", dijo.

El fiscal Mojica y el querellante Jorge Ortega, manifestaron su oposición y pidieron que se mantuviese la detención a Cucalón.

Cucalón es el único de los seis acusados que está preso en la cárcel El Renacer. Salerno, Magaly Ramos, Edgardo González, Irasema Sánchez y María Alessandra Salerno, gozan de la medida de país por cárcel.

El vicio que ha perjudicado a Cucalón

Cucalón pidió hablar y la juez Rentería se lo permitió. "No es lo mismo estar en una cama de un hospital que en la de una cárcel, me mata la humedad y me agita mucho, no salgo de la celda".

"Yo sé por qué estoy así, es de tanto fumar, consumía tres paquetes (de cigarrillo) al día y me arrepiento, pero bueno ya no puedo hacer nada", indicó para justificar el pedido de casa por cárcel.

El exfuncionario solicitó tiempo para explorar la posibilidad de un acuerdo de pena, a lo que el fiscal dijo no oponerse a lograr un pacto con Cucalón.

'No tiene un estado de salud grave'

"Para mí esto es pedir encierro por encierro, es mi criterio y me disculpan", dijo la juez Rentería para dar a entender que Cucalón pide salir de la cárcel para estar recluido en su casa.

La juez demoró una hora y media en resolver la solicitud de casa por cárcel a Cucalón, debido a que hizo un resumen de todos los exámenes médicos que se le hicieron al exdirector general de Ingresos, desde que se ordenó su detención el 25 de mayo de 2015.

Incluso la juez leyó la última evaluación hecha 29 de agosto de este año por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y el Hospital de Punta Pacífica, lugar en donde estuvo recluido Cucalón desde el 9 de septiembre de 2015 hasta el pasado martes 12 de septiembre de 2017.

Según la juez, el Imelcf en su último informe estableció que Cucalón presenta enfermedades crónicas que son controladas, su condición es estable y el alta hospitalaria debía ser otorgada por su médico tratante.

Por esa razón, la juez pidió el último informe al Hospital de Punta Pacífica para que decidiese el alta hospitalaria de Cucalón. Este informe, entregado el 11 de septiembre de este año, refiere igualmente que Cucalón es un paciente estable con situación clínica controlada, y recomendó enviarlo a su casa y no a una cárcel.

"Las recomendaciones no guardan relación con el diagnóstico", dijo Rentería. La juez dijo que por eso el 12 de septiembre, ordenó enviar a Cucalón nuevamente a la cárcel, tomando en cuenta que la detención dictada por el Segundo Tribunal Superior se mantenía vigente y no podía incumplir el fallo de un despacho superior.

Luego de todo este resumen, la juez Rentería negó el cambio de medida cautelar a Cucalón y mantuvo la detención.

"Se la voy a negar porque la fundamentación ya fue revisada, no tiene un estado de salud grave", dijo. A su vez la juez instó a la defensa legal de Cucalón a explorar otras opciones para lograr la salida de la cárcel.

Además de la petición de cambio de medida cautelar, Cucalón está pendiente que el Segundo Tribunal le resuelva un hábeas corpus.

Y le queda la alternativa de pedir una fianza de excarcelación.

La juez le negó una solicitud de acumulación y un incidente de nulidad al abogado de Cristóbal Salerno.

Resueltos todos esos recursos, Rentería accedió a la suspensión del acto y la audiencia quedó programada para la fecha alterna del 26 de octubre próximo a las 8 de la mañana.

La sesión de hoy fue concluida a las 11:25 de la mañana. Cucalón (trasladado desde El Renacer) y los otros cinco acusados estuvieron presentes en el salón de audiencias del juzgado.

La fiscalía pidió el llamamiento a juicio de Cucalón, Cristóbal Salerno y Magaly Ramos. Y para Edgardo González, Irasema Sánchez y María Alessandra Salerno, solicitó el sobreseimiento.

El contrato a Cobranzas del Istmo S.A., otorgado en el año 2010 para el cobro de impuestos morosos, fue hecho de manera directa y sin ser sometido a licitación. Según la Sala Tercera, estos actos fueron ilegales y por eso declaró nulo el citado contrato en un fallo del 1 de abril de 2016.

De igual forma, una auditoría de la Contraloría reveló que hubo una lesión patrimonial de 29.8 millones de dólares, por presuntas iregularidades al momento en que Cisa cobró los impuestos morosos de los contribuyentes.