Por compra de radares, piden llamar a juicio a Mulino y Garúz

La Fiscal Tercera Anticorrupción, Zuleika Moore, llamó a juicio al exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino y el exdirector del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Garúz, por el caso de la compra de 19 radares por un monto de 125 millones de dólares a la empresa italiana Selex, durante la pasada administración gubernamental.

Verónica Mulino, hija del exministro de Seguridad Pública, señaló a TVN-2.com, que después de varios meses de insistencia, finalmente el caso que se sigue contra su padre avanza.

La fiscal Moore dio traslado del expediente al Juzgado Noveno, quien deberá definir la fecha y hora de audiencia en este caso.

La hija de Mulino explicó a este medio de comunicación que a inicios de este mes, insistieron con una solicitud para presentar pruebas en el caso de los radares, las cuales fueron negadas por la Fiscal Tercera Anticorrupción.

Presentamos cuatro pruebas, en la que señalábamos la importancia de que un perito especialista efectuara las evaluaciones en los radares adquiridos y su funcionamiento, pero estás fueron negadas por la fiscal, aduciendo que la fase de investigación ya había culminado”, detalló la hija y defensora del exministro Mulino a TVN-2.com.

Según Verónica, su padre se encuentra emocionalmente fuerte, pero padeciendo problemas de salud, que se han ido acrecentando durante la privación de su libertad desde el pasado 26 de octubre.

Nosotros sabemos que mi papá va a salir, todo debidamente sustentado bajo la ley, porque nunca se cometió delito”, acotó.

Verónica, quien forma parte de la defensa del exministro de Seguridad Pública, espera que con el traslado del expediente al Juzgado Noveno, “el proceso sea expedito”.

Tanto Mulino, como Garaúz, deberán esperar que se resuelvan los incidentes presentados por sus defensores, para luego ir a juicio, con lo cual podrían ser librados de los delitos que se siguen en su contra, o pagar pena de 8 a 15 años de prisión por peculado.

Contrato con Selex

El Estado panameño demandó el pasado 4 de agosto, ante la sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el contrato que se celebró entre el Ministerio de Seguridad y el consorcio italiano Finmeccanica para la compra de equipo de seguridad.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, suspendió provisionalmente el contrato celebrado entre el Ministerio de Seguridad Pública y Selex Sistemi Integrati S.P.A. refrendado el 19 de octubre de 2010.

El embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, señaló durante una entrevista exclusiva a TVN Noticias, que por la compra del equipo de seguridad al consorcio italiano se pagaron coimas.

Los contratos que se aprobaron en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) con Finmeccanica han sido blanco de cuestionamientos, por supuestos sobrecostos. En total, el conglomerado le vendió a Panamá radares, helicópteros y un mapa cartográfico digital por $250 millones.