Juzgado concede apelaciones en caso de radares

El Juzgado Quinto Penal concedió los tres recursos de apelación presentados por la Fiscalía Tercera Anticorrupción en el proceso penal por presunta comisión de peculado seguido al exministro de Seguridad José Raúl Mulino y el exviceministro de Seguridad Alejandro Garuz, por el contrato de compra de 19 radares por 125 millones de dólares.

El pasado lunes, la fiscal Zuleyka Moore presentó los escritos de apelaciones a las medidas cautelares de país por cárcel dada a Mulino, casa por cárcel otorgada a Garúz y la nulidad relativa (parcial) del expediente.

Fuentes oficiales del órgano judicial confirmaron que este jueves 17 de marzo, el juez Enrique Paniza concedió las tres apelaciones en efecto diferido. Es decir que se suspenden las medidas cautelares de Garúz y Mulino y la nulidad del expediente.

Mulino seguirá bajo detención preventiva en la sede de la Policía Nacional en Ancón, y Garúz continuará en arresto hospitalario.

El proceso continúa su curso en el juzgado, mientras que el expediente fue enviado al Segundo Tribunal para que resuelva las apelaciones.

El juez Paniza, en resolución del 3 de febrero decretó la nulidad parcial del expediente desde la foja (página) 3997, debido a que la fiscal Moore excedió el plazo para investigar que venció el 22 de septiembre del año pasado. Con esta decisión, se anularon las declaraciones indagatorias a Garuz y Mulino.

El 22 de enero de este año, Moore concluyó las investigaciones y envió el expediente al juzgado pidiendo llamamiento a juicio para Garúz y Mulino.

La casa por cárcel a Garuz fue otorgada en resolución del 7 de marzo de este año y tres días antes concedió el país por cárcel a Mulino.

No obstante las tres decisiones del juez Paniza fueron dadas a conocer el 7 de marzo.

Los radares fueron comprados por el Estado en el año 2010 a la empresa italiana Selex, filial del conglomerado Finmeccanica, a un costo de 125 millones de dólares. Sin embargo, se descubrió que no detectan las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes en alta mar.

El pasado 23 de febrero el gobierno de Panamá anunció que había llegado a un acuerdo con Finmeccanica para poner fin a los conflictos legales con el conglomerado italiano por la compra de los radares, un mapa digital y seis helicópteros.

A cambio el Estado panameño dejó de pagar 38.8 millones de euros pendientes.