Fiscalía solicitó el levantamiento de fuero electoral de Giselle Burillo

La Fiscalía Tercera Anticorrupción solicitó al Tribunal Electoral (TE), el levantamiento del fuero electoral a la exadministradora de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo.

La solicitud fue hecha como parte de una investigación por la presunta comisión de delito contra la Administración Pública, en detrimento de la entidad que dirigía Burillo.

El abogado Carlos Carrillo, representante legal de la exfuncionaria, explicó que la solicitud que se hizo tiene que ver con el pago de prestaciones que se hicieron en cumplimiento de una resolución, a funcionarios que renunciaron de la entidad.

Según Carrillo, la fiscalía realiza investigaciones para determinar la licitud de los pagos que se hicieron a los funcionarios que renunciaban a la entidad.

De parte del TE, se pudo conocer que el expediente, que contiene la solicitud para levantar el fuero a la exfuncionaria, se encuentra en el despacho del Magistrado Eduardo Valdés Escoffery, desde el pasado 25 de febrero, pendiente de una decisión.

Otros casos

Giselle Burillo, exministra de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) (2009-2014) enfrenta varias denuncias que, en su contra, interpuso su sucesora Ada Romero.

Entre las más relevantes está la investigación por división de materias que revela que se fraccionaron unos 137 contratos a un precio máximo de 175 mil dólares.

También se le denunció tras la detección del vaciado de disco duro de computadoras de la Ampyme. Este hecho se investiga en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.

Además se le ha denunciado por el caso de los funcionarios supuestamente utilizados para realizar actividades políticas en horas laborales. Este caso lo atiende la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Por otro lado, reposa una denuncia por falsificación de documentos para el alquiler de vehículos con supuestos sobrecostos, investigación que maneja la Fiscalía Quinta Anticorrupción.

Además se investiga el sobreprecio del alquiler de vehículos por unos 26 mil dólares en contratos adjudicados entre 2011 y 2013.

Burillo tiene la medida cautelar de país por cárcel, por el caso del alquiler de vehículos a través de contratos por 26 millones de dólares. Además, debe notificarse los 15 y los 30 de cada mes, según estableció la fiscal quinta Anticorrupción, Janeth Rovetto.

La fiscal Cuarta Anticorrupción, Ruth Morcillo, le formuló cargos a Burillo por la posible comisión de delitos contra la administración por el proceso que tiene que ver con supuestas irregularidades en actos de contrataciones públicas durante su administración.