Fiscalías acumulan pérdidas legales en casos de alto perfil
Cambios de medidas cautelares, fianzas de excarcelación, liberación de cuentas bancarias millonarias y absoluciones, son las decisiones que han adoptado los juzgados de circuito en los casos de alto perfil, que benefician a los acusados en detrimento de las investigaciones de las fiscalías de la Procuraduría General de la Nación.
Todas estas decisiones han permitido que altos exfuncionarios del gobierno anterior hayan salido de prisión, pese a que aún no han concluido los procesos penales.
Mientras que en algunos casos se han dado absoluciones y archivos de las investigaciones. En otros las propias fiscalías han cambiado las medidas cautelares.
Uno de los casos que más comentarios generó fue el del exministro de Seguridad José Raúl Mulino, beneficiado con un fallo que le concedió una medida cautelar de país por cárcel. El 21 de abril de este año salió de prisión tras permanecer poco menos de seis meses detenido por el caso de supuesto peculado en la compra de radares.
Además en esa investigación de los 19 radares comprados a Finmeccanica, el Juzgado Quinto Penal decretó la nulidad parcial del expediente, dejando sin efecto las indagatorias a Mulino y al exviceministro de Seguridad Alejandro Garuz, también acusado en este caso. Esta decisión está pendiente de una apelación.
Garuz también estaba detenido y salió de prisión con una medida cautelar de casa por cárcel que le dio el Juzgado Quinto.
Frank de Lima, exministro de Economía y Finanzas salió de prisión el 26 de febrero de este año luego que el Segundo Tribunal Superior le otorgó una fianza de 200 mil dólares. Estuvo detenido desde el 11 de mayo de 2015 por el caso de compra de granos en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El exvicepresidente y empresario Felipe "Pipo" Virzi fue favorecido con una fianza de excarcelación de un millón de dólares en el caso del fallido contrato del sistema de riego de Tonosí.
Otro que recientemente fue beneficiado en el caso del sistema de riego de Tonosí es el excandidato a diputado Porfirio "Bolita" Ellis, a quien le concedieron una fianza de 500 mil dólares el 10 de junio de este año. Aún no ha salido de prisión pendiente de que la Fiscalía se notifique.
Charles Sadat Bonilla, que está llamado a juicio por peculado y corrupción por el caso de compra de llantas en el PAN, salió de la cárcel luego que el Segundo Tribunal Superior le reemplazó la medida cautelar de detención preventiva por la de país por cárcel.
Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, también está libre por una fianza de excarcelación de 2 millones de dólares que le dio el Juzgado Décimoquinto Penal, por el caso de compra de granos en el PAN.
Mayte Pellegrini, una de las acusadas en el desfalco a la casa de valores Financial Pacific (FP), fue beneficiada con una medida cautelar de país por cárcel otorgada en el mes de abril pasado. Previo a esto, Pellegrini estaba bajo arresto domiciliario.
La empresaria Poulett Morales, acusada de peculado por la compraventa de mochilas escolares en PAN, también está libre bajo fianza de excarcelación de 100 mil dólares.
En ese mismo expediente de las mochilas escolares, el Juzgado Décimoquinto Penal le concedió una medida cautelar de país por cárcel al empresario Pablo Ruiz Obregón en septiembre de 2015. Obregón estababajo detenión preventiva.
El empresario Juan Carlos Marciaga, acusado de peculado en los contratos de bolsas de comida en el PAN, goza de una medida cautelar de país por cárcel otorgada por la propia Fiscalía Cuarta Anticorrupción el 9 de mayo de este año. Desde febrero de 2015, Marciaga tenía una medida cautelar de casa por cárcel.
De igual forma, Roberto Carretero, empresario que también es vinculado al caso de las bolsas de comida del PAN, fue favorecido con una fianza de excarcelación de 300 mil dólares.
En tanto, Carlos "Caneto" Araúz, también fue beneficiado con dos fianzas de excarcelación por 250 mil dólares y 100 mil balboas en los casos de compra de bolsas de comida y el contrato de mochilas escolares en el PAN, respectivamente.
La propia Fiscalía Tercera Anticorrupción otorgó en octubre pasado, una medida cautelar de país por cárcel al exministro de Desarrollo Agropecuario Emilio Kieswetter, que estaba detenido por el caso del sistema de riego de Tonosí.
El empresario Richard Fifer, acusado de estafa, fue otro que salió favorecido con una fianza de excarcelación de 100 mil dólares.
El exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, también fue beneficiado en octubre de 2015 con una medida cautelar de país por cárcel en el caso del contrato de comida deshidrata por 44.9 millones de dólares. Previo a esto, Tamburrelli tenía una medida cautelar de casa por cárcel.
Cuentas millonarias
El 3 de junio de este año, el Juzgado Primero Penal dictó un fallo en el que ordenó liberar 35,3 millones de dólares que habían sido cautelados a 19 empresas vinculadas al empresario Cristóbal Salerno, acusado de peculado y corrupción por el contrato dado a su empresa Cobranzas del Istmo. Esta decisión está pendiente de apelación.
El 7 de junio de este año, el Juzgado Décimoquinto penal ordenó liberar una cuenta bancaria de la madre de Roberto Brin, exjefe de compras del Super 99, que está vinculado al caso de compra de granos en el PAN.
Absolución y sobreseimientos
Hace dos semanas, Danyelo Dayan Ramírez, señalado como supuesto líder de una pandilla de la capital, salió de prisión luego que el Juzgado Séptimo Penal le dio una medida de protección por un presunto atentado.
Ramírez permanece en su casa custodiado por la Policía Nacional (PN). Además el juzgado dictó un fallo absolutorio a favor de Ramírez en el caso que se le seguía por lavado de dinero.
Ambas decisiones fueron cuestionadas por el presidente Juan Carlos Varela y el director de la PN Omar Pinzón.
La Fiscalía Primera de Drogas apeló el fallo absolutorio y la medida de protección otorgada a Ramírez.
En diciembre pasado, el Juzgado Décimoquinto Penal dio un sobreseimiento definitivo (archivo) a los exministros Lucy Molinar y Federico Suárez, y a las exviceministras María Fábrega y Marta Susana de Varela, por el supuesto peculado en el contrato de la comida deshidratada por 44.9 millones de dólares.
En ese mismo fallo se llamó a juicio a Tamburrelli y otras cuatro personas. Esos sobreseimientos fueron apelados por la fiscalía.
El 18 de abril, el mismo fallo en que el Jugado Undécimo Penal llamó a juicio al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino y a su esposa Milena Vallarino por enriquecimiento injustificado de 2,2 millones de dólares, se le dio sobreseimiento provisional (archivo) a cinco personas.
La Fiscalía Primera Anticorrupción sólo había pedido sobresimiento para una de esas cinco personas en el caso de Ferrufino y por esa razón apeló la decisión.
También en otro expediente, el Juzgado Décimotercero Penal dio sobreseimientos provisionales a dos personas acusadas de corrupción de funcionario público junto a Ferrufino.
El pasado 27 de abril, en la audiencia preliminar de este caso, el juzgado llamó a juicio a Ferrufino y otra persona. La fiscalía apeló uno de los dos sobreseimientos dados en este caso.
El Segundo Tribunal Superior admitió un incidente de controversia y revocó la orden de indagatoria que giró la Fiscalía Primera Anticorrupción contra el empresario Javier Pariente, que había sido acusado por un contrato de 14.5 millones de compraventa de comida deshidratada en el PAN.
Movin cuestiona demora
La dirigente del Movimiento Independiente (Movin) Annette Planells, dio su opinión sobre los cambios de medidas cautlares y considera que los procesos penales demoran demasiado, lo que hace que la ciudadania pierda la esperanza de que habrá certeza de castigo.