Fiscalía sustentó apelación del fallo que liberó 35,3 millones del caso Cisa

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, presentó hoy viernes 10 de junio el escrito que sustenta la apelación al fallo del Juzgado Primero Penal que liberó 35,3 millones de dólares en cuentas bancarias cauteladas por la investigación a Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa).

Fuentes oficiales del órgano judicial informaron que el pasado 8 de junio la fiscalía anunció apelación al fallo del 3 de junio en que el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi, ordenó liberar 35 millones 315 mil 398 dólares con 35 centésimos que fueron cautelados a 16 empresas supuestamente vinculadas a Cisa.

Luego de esto, la fiscal Sterling tenía tres días hábiles para sustentar la apelación. Ese plazo se cumplía el próximo lunes a las 5 de la tarde.

No obstante, Sterling presentó el escrito de apelación hoy a las 4:40 de la tarde.

El dinero liberado estaba en 16 cuentas corrientes y otros 32 plazos fijos en dos entidades financieras y fue secuestrado por la fiscalía en 2015. Cristóbal Salerno, dueño de Cisa, aparece como firmante de las cuentas bancarias.

El juez Quesada Vallespi ordenó la liberación de las cuentas porque asegura que no hay pruebas de que están vinculadas al delito investigado o que hayan depositado dinero o valores de Cisa.

Ahora, el juez Quesada Vallespi debe decidir si concede la apelación y luego el expediente sería enviado al Segundo Tribunal Superior para que resuelva el recurso. Mientras se resuelve la apelación, el fallo no se hace efectivo y por ende no se puede liberar el dinero.

Por este caso, la fiscalía pidió el pasado 5 de febrero el llamamiento a juicio de Salerno, Luis Cucalón, exdirector General de Ingresos y Magaly Ramos, gerente de Cisa. Mientras que para la otra acusada María Alessandra Salerno solicitó sobreseimiento.

Se les acusa de delitos de corrupción de funcionario público y peculado. Cisa, que se adjudicó en 2010 un contrato con el Estado para el cobro de impuestos morosos, cometió irregularidades al momento de cobrar las comisiones.

El juzgado fijó para el próximo 12 de septiembre la audiencia preliminar por este caso. Un informe de auditoría de la Contraloría reveló que la lesión patrimonial fue de 23 millones 268 mil 755 con 18 centésimos.