Fiscal del MP sacaba armas de fuego decomisadas y las daba a grupos criminales

Ciudad de Panamá, Panamá/Los tentáculos del crimen organizado siguen penetrando la administración de justicia del país.

El último ejemplo claro recae en un caso que maneja la Fiscalía Anticorrupción que investiga a dos funcionarias de sus filas y dos particulares que se encuentran imputados por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de tráfico de armas y explosivos y por el delito de delincuencia organizada.

Durante los años 2019 hasta finales de 2022, el Ministerio Público (MP) por medio de peritos oficiales e investigadores detectaron que en casos de homicidios y otros actos delictivos donde grupos criminales hacían uso de armas de fuego que ya se encontraban registradas en el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del MP.

Una vez, cotejar que la extracción de armas de fuego, la principal interrogante era saber quién o quiénes podrían estar detrás de esas jugadas delincuenciales.

Emprendieron una vigilancia y otras averiguaciones se percataron en vídeos en el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados del MP y la verificación de documentos, todo señala a una fiscal adjunta y una funcionaria operaria de la entidad, que falsificadas firmas de fiscales de circuito y la utilización de sellos de la institución para sacar las armas.

Los hallazgos fueron insólitos, la fiscal era contactada por integrantes del crimen organizado donde le hacían el encargos de armas de fuego como revolver y armas de grueso calibre como metralletas AK-47 y hasta mini Uzi, una vez pactado el encargo la fiscal con la funcionaria operaria de fiscalía procedían a llenar documentación ante el centro de custodia aparentando que iban a usar las armas para una diligencia judicial, luego que entregaban el arma, recibían el pago entre 1,000 a 1,500 dólares por sus servicios.

Estos elementos de convicción fueron recolectados por la Fiscalía Anticorrupción para proceder con la aprensión de más cuatro personas, hoy imputadas.

Ayer, el Tribunal Superior de Apelaciones conformado por las magistradas Donají Arosemena, Yiles Pittí y Karina Calvo confirmaron la medida cautelar de detención provisional para los cuatro imputados.