La extradición de Martinelli deja en evidencia a la justicia
Un año y siete meses después de hacerse público el caso de los pinchazos telefónicos- uno de los principales escándalos de corrupción del gobierno anterior- la percepción generalizada es que poco o nada ha avanzado la justicia en el proceso penal que por este hecho se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli.
Hace una semana, se dio a conocer que la Cancillería panameña pidió un requisito adicional, conocido como “affidavit”, al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Jerónimo Mejía, para cumplir con la extradición del exgobernante.
A la fecha, Mejía no ha dado respuesta a la Cancillería sobre el “affidavit” y el tiempo sigue transcurriendo en favor de Martinelli. Fuentes judiciales indicaron que la nota de Cancillería no ha llegado al palacio de justicia.
No obstante, fuentes oficiales de la Cancillería confirmaron a TVN Noticias que esa solicitud de affidavit fue enviada el 4 de agosto.
El caso de los pinchazos telefónicos es uno de los siete expedientes admitidos por la CSJ contra Martinelli.
Estos procesos se rigen bajo el sistema penal acusatorio, el cual ha quedado en entredicho en esta ocasión, debido a que la investigación al exgobernante por los pinchazos no ha sido rápida y eficaz tal como se promueve el nuevo método de administración de justicia.
Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, Martinelli es investigado y juzgado por la CSJ. Los pinchazos telefónicos que se dieron en el gobierno anterior afectaron a más de 150 personas entre magistrados, diputados, ministros, periodistas, empresarios, políticos, dirigentes sindicales y de la sociedad civil.