Expulsión contra Mizrachi sigue vigente en Colombia; investigan falla entre entidades

La Cancillería colombiana aclaró en una nota de prensa que la expulsión contra el empresario panameño Mayer Mizrachi sigue vigente, mientras se investigan por qué se incumplió con la obligación legal de dejarlo a disposición de Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia, antes de ser puesto en libertad.

En el comunicado el Ministerio de Relaciones de Exteriores de Colombia explica que en ejercicio de sus funciones como canal diplomático , puso en conocimiento de la Fiscalía General de Colombia el pasado 21 de junio , la nota de del gobierno de Panamá, por medio de la cual comunicaba su voluntad de desistir de la solicitud de extradición y de la orden de captura que se había presentado en contra de Mizrachi, detenido desde el día 30 de diciembre de 2015.

Una vez ordenada la libertad de Mizrachi, por parte de la Fiscalía General de la Nación, correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dejarlo en libertad y ponerlo a disposición de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en cuanto se había informado previamente a ese instituto que en contra de Mizrachi estaba vigente una orden de expulsión del territorio colombiano.

Se investigan las circunstancias por las cuales Mizrachi quedó en libertad sin ser puesto a órdenes de Migración Colombia como se debía.

Defensa reacciona

En tanto, Silvio Guerra, abogado de Mizrachi en Panamá, dijo a TVN-2.com que a su cliente se le dio libertad por una orden del fiscal general de Colombia, y que en este caso los extranjeros no están obligados a saber sobre los procedimientos del país donde se encuentren.

Además, expresó que se trata de un conflicto entre autoridades colombianas, que no tiene nada que ver con su cliente.

Si al fiscal no le informaron que había una solicitud de expulsión vigente, no es un tema en el que ellos tienen que ver, según el abogado del empresario.

También dijo que si Mizrachi presentó una solicitud de asilo a Colombia, la Cancillería no está obligada a notificar a Panamá al respecto.

A Mizrachi se le acusa de haber cometido delitos de peculado por no haber instalado una plataforma denominada Criptext para cifrar mensajes telefónicos de los miembros de estamentos de seguridad, por la que se cobraron más de 200 mil dólares.