Exigen explicaciones a Ayú Prado por notificación a Martinelli del caso Impregilo

Cinco de los querellantes del caso de los pinchazos telefónicos enviaron una nota al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Ayú Prado, para que informe todas las gestiones realizadas para notificar al expresidente Ricardo Martinelli, de la solicitud de audiencia de imputación por el caso de extorsión a la empresa italiana Impregilo.

La nota fue entregada en la tarde de ayer martes 11 de septiembre en el departamento de Correspondencia del Órgano Judicial.

Las víctimas de los pinchazos telefónicos presentaron la solicitud de información, debido a que estas gestiones de notificar a Martinelli se dieron en el preciso momento en que el juez federal de Miami, Edwin G. Torres, debía decidir la extradición del expresidente.

La notificación era innecesaria, tomando en cuenta que para darse la audiencia en Panamá, Martinelli debe estar presente físicamente. Y es sabido que el exgobernante, está preso en Miami.

Tres funcionarios de la Oficina Judicial de la CSJ viajaron a Miami, Estados Unidos, los días previos al 31 de agosto pasado, cuando el juez Torres debía decidir si autorizaba la extradición de Martinelli por el caso de los pinchazos telefónicos.

La misión de los funcionarios era, que a través del Consulado de Panamá en Miami, se notificase en la cárcel a Martinelli, de una solicitud de audiencia de imputación que hizo Luis Ramón Fábrega, magistrado fiscal del caso de extorsión a Impregilo.

En la nota, las víctimas (querellantes) de los pinchazos telefónicos, se amparan en la Ley de Transparencia para pedir al magistrado Ayú Prado que informe quién dio la orden para que los funcionarios judiciales viajasen a Miami a notificar a Martinelli.

La información es requerida en virtud de que la orden no fue dada por el magistrado juez de garantías Harry Díaz, que es quien debe hacer las gestiones para notificar a Martinelli una vez se fije fecha de audiencia de imputación.

También se solicitó que se brinde información de los gastos del viaje, hospedaje y alimentación de los tres funcionarios; si se logró notificar a Martinelli y qué trámites se hicieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El caso de extorsión a Impregilo es una de las nueve investigaciones (incluyendo los pinchazos telefónicos) que ha admitido la Corte a Martinelli.

Este caso surgió luego que la embajada de Panamá en Italia envió a la Cancillería panameña, copia autenticada del fallo del Tribunal de Nápoles fechado 11 de diciembre de 2014, en la que el italiano Valter Lavítola fue condenado a tres años de prisión por extorsionar e intimidar a Impregilo.

El documento llegó a la CSJ el 21 de junio y se le asignó la ponencia al magistrado Luis Ramón Fábrega.

Se vincula a Martinelli a una extorsión a Impregilo para que esta empresa italiana construyera el Hospital Pediátrico de Veraguas en el gobierno anterior.