Noticiero Fin De Semana
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Todo panameño recordará aquel 7 de julio de 2009 en el que el expresidente Ricardo Martinelli, junto con parte de su gabinete y autoridades de gobierno (2009-2014) llegaron a la Calzada de Amador, con mazo en mano a derrumbar las paredes de un relleno propiedad de la empresa Grupo F. Internacional.
Se trató de una expropiación de bienes que hizo el exmandatario. Ese día Martinelli, junto con otras autoridades, colocaron una bandera de Panamá y un aviso que decía "propiedad del Estado".
El entonces administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Roberto Linares Tribaldo –quien no estaba ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados en esa fecha- aseguró este miércoles que "no tenía conocimiento que había una resolución para trasladarse al lugar".
“El que dio la orden fue el [ex]presidente Ricardo Martinelli”, afirmó en su declaración jurada Roberto Linares, ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción a cargo de la fiscal Zuleika Moore.
“El que dio la orden fue el [ex]presidente Ricardo ”, afirmó Roberto Linares Tribaldo.
Dentro de este relleno había un yate denominado “La Gloria” el cual quedó bajo custodia de la AMP. Linares afirmó que no recordar si había una resolución por parte de la AMP, ante el hecho de que nadie podía entrar [a ese lugar]. Tampoco sabe dónde quedó la cerca perimetral que fue removida.
No obstante, Linares indicó que sí había un litigio por supuesto incumplimiento por parte de la empresa con la AMP.
El entonces administrador de la AMP no sabía quién había solicitado la participación de la Policía Nacional ni de los ministros y las autoridades que estaban presentes aquel 7 de julio de 2009.
Según consta en la declaración jurada, al relleno llegaron los ministros de la Presidencia, José Raúl Mulino; de Obras Públicas, Federico Suárez; el de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino; y el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.
“Sí existían rellenos en el lugar, más ese día no se estaba trabajando”, dijo Linares Tribaldo como consta en la declaración jurada que tuvo acceso TVN Noticias.
Juan Carlos Araúz, en representación de la empresa Grupo F. International, S.A., también participó en esta declaración, afirmó que no recordaba si la AMP había suspendido la facturación de la empresa, si se le había prohibido los pagos, si cuando se le otorgó el permiso provisional a la empresa Ininco, S.A. –empresa que realizó un proyecto de ampliación de la Calzada de Amador por $66 millones- los contratos de concesión del grupo estaban vigentes
Araúz tampoco pudo responder si bajo su administración se facturaba dos veces, bajo la empresa Ininco S.A. y Grupo F. Internacional S.A.
“Cuando yo entré como administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, el mes de junio del año 2009, la empresa Grupo F. Internacional, S.A., tenía la concesión de dos parcelas debidamente refrendadas por la Contraloría [General de la República]. Quiero dejar claro que esto fue antes de entrar al cargo como administrador, luego unas de las parcelas dada en concesión, está afectada por un cable de fibra óptica que pasaba por el fondo del mar (sic.)”, dijo Roberto Linares Tribaldo en su declaración jurada.
Agregó, “luego la empresa Figali, decidió rellenar en otra área, la cual no tenía concesión para relleno, entiendo que en ese entonces se le notificó a la empresa Grupo F. Internacional”.
Jean Figali, propietario de la empresa que realizaba un proyecto en la Calzada de Amador y que había realizado un relleno en el mar, ha dicho que “sin ninguna orden las autoridades les quitaron el terreno”. El terreno está valorado en 150 millones de dólares.
Incluso el empresario pidió, en entrevista en Noticias AM en febrero de este año -junto con sus abogados-, al presidente Juan Carlos Varela que realice la investigación.
En ese entonces, las autoridades gubernamentales afirmaban que el empresario tenía una deuda millonaria con el Estado.
Incluso el empresario de origen libanés ha dicho, que uno de los hijos del exmandatario junto otros empresarios administraron el Centro de Convenciones Jean Figali, que en casi seis años reportaron ingresos entre $50 a $60 millones, y no han abonado ni un centavo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A Figali se le inició una investigación en diciembre de 2009, en 2010 lo retienen en Paso Canoa para que rindiera indagatoria por supuesto blanqueo de capitales y falsificación de documentos públicos. Meses después el juzgado negó la fianza de excarcelación y se le trasladó a una celda preventiva en la Dirección de Investigación Judicial y después se le llevó a El Renacer. El 23 de diciembre de 2010 se le otorgó una medida cautelar de casa por cárcel.
En enero de 2011, Figali fue declarado inocente de lo que se le acusaba.