Red de corrupción: la meta era sobornar a cinco de ocho jurados de conciencia

El caso de la red de corrupción que cobraba por fallos, audiencias, fianzas y medidas cautelares, fue de conocimiento público el 12 de noviembre de 2015, cuando el fiscal auxiliar Marcelino Aguilar, se presentó por sorpresa al Órgano Judicial.

Aquel día, el fiscal Aguilar realizó un allanamiento en el Segundo Tribunal, Juzgado Primero Penal y Juzgado Décimosexto Penal, ordenando la conducción de varios de los funcionarios involucrados.

Los sobornos que se pagaron a los jurados de conciencia iban desde los 125, 140, 160, 200, 300 y hasta llegar a los 400 dólares.

Blas Macre, (que era oficial mayor de la Oficina de Descongestión Judicial que tramitaba expedientes Segundo Tribunal), y Eduardo García, fueron seguidos por la policía hasta en dos ocasiones cuando acudieron a reunirse con una persona a bordo de un lujoso auto particular, color gris, en el centro de la ciudad capital y en un hotel.

Los informes policiales revelan que los encuentros de Macre y García se dieron antes y después de dos audiencias de homicidio celebradas el 7 y 22 de octubre de 2015, donde el jurado de conciencia absolvió a dos acusados.

El modus operandi

Una vez realizado el sorteo digital para las audiencias, dos notificadores del Segundo Tribunal, salían en un auto sedan del Órgano Judicial a buscar a las personas escogidas para ser jurados de conciencia en los juicios de homicidio.

Un bus panel de la entidad, esperaba en algún lugar céntrico de la capital que los notificadores llevaran uno a uno a los miembros del jurado.

Todo estaba planeado. Iban a entidades públicas y empresas privadas, uno de los notificadores llevaba el dinero del soborno, presuntamente en un sobre amarillo. Le hablaba a la persona elegida como jurado de conciencia, antes de que firmase la boleta de citación.

Algunos jurados de conciencia manifestaron que el notificador le entregaba el dinero en la mano y le decía que era una ayuda para un familiar de una funcionaria que lo habían involucrado injustamente en el caso de homicidio.

Hubo casos en que las personas se negaron a recibir el dinero. Pero el grupo, siempre buscaba la manera de que al menos 5 panameños de los ocho que componían el jurado de conciencia, aceptaran el soborno. Eso les garantizaba el veredicto de inocencia por votación mayoritaria de los jurados.

Una vez hecho el pacto con la persona, los notificadores se comunicaban con García y los otros miembros del grupo para ir informando como avanzaban los planes. Las llamadas y los chat vía WhatsApp, así lo confirman. Hasta los conductores de los buses panel participaban del presunto ilícito.

También se pudo comprobar que en otras ocasiones era Eduardo García, el que buscaba en su taxi a los jurados de conciencia y los llevaba hasta el lugar donde los esperaba el bus del Órgano Judicial.

Completado el grupo de ocho jurados de conciencia, el bus panel los llevaba a la sede del Órgano Judicial en Ancón, para llevar a cabo el juicio por homicidio.

Todo esto consta en la vista fiscal del pasado 15 de septiembre, en la que la Fiscal Anticorrupción Adela Cedeño, pidió el llamamiento a juicio de 29 personas y el sobreseimiento de otras 13 por delito de corrupción de servidores públicos.