Dictan condena por la pérdida de equipo de espionaje

Ciudad de Panamá, Panamá/El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, declaró penalmente responsables por la presunta compra irregular y pérdida de un equipo de espionaje al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y a Gustavo Pérez exdirector de la Policía Nacional, a la pena de 120 meses de prisión, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en perjuicio del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS).

En el fallo del 10 marzo de 2023, la jueza Agueda Rentería señaló que ambos exfuncionarios, ante su falta de cuidado e incumplimiento de los deberes como directores en su momento (período 2009-2014), permitieron que ocurriera un perjuicio económico al Estado por la suma de 10 millones 871 mil 57 dólares, en virtud de la compra de un equipo de seguridad altamente sensitivo, de conformidad con la auditoría efectuada por la Contraloría General de la Nación, detalla un comunicado del Órgano Judicial.

En el documento se revela que, tendientes a las circunstancias de modo tiempo y lugar, los exdirectores en su momento tenían bajo su cargo y responsabilidad la administración del equipo tecnológico adquirido mediante contrato.

“Se evidencia la intención dolosa de los sindicados, toda vez que ejecutaron acciones tendientes a la adquisición de un equipo cuya necesidad es cuestionable, valiéndose de los recursos del Estado asignados a una entidad que debe destinar dichos recursos a actividades meramente sociales en pro de los más necesitados” se detalla en la sentencia.

En ese sentido, la jueza Rentería manifiesta que ante los hechos declarados probados que acreditaron la responsabilidad penal de ambos acusados, el juzgado de la causa también aplicó a Tamburrelli y Pérez la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, que correrá una vez cumplan la pena principal de prisión.

La defensa legal de los exfuncionarios podrían apelar la decisión del juzgado; en caso de presentarse dicho recurso este tendrá que ser atendido por los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación. 

El caso fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público que inició las pesquisas luego de la denuncia presentadas el 2 de diciembre de 2014, que describía presuntas irregularidades que se suscitaban dentro del extinto FIS, hoy Dirección de Asistencia Social.