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A pocos días de iniciarse el Sistema Penal Acusatorio (SPA)-nuevo modelo de administración de justicia-en las provincias de Panamá, Darién, Colón, comarca Guna Yala y otras regiones indígenas, el debate y las dudas se centran en el plazo aplicable a las detenciones preventivas.
En las provincias y regiones indígenas arriba citadas se aplica la justicia inquisitiva y a partir del próximo viernes 2 de septiembre comienza el SPA, sistema que ya rige en el resto de provincias del país.
La polémica surge porque la ley procesal penal establece que a partir de la fecha se podrán aplicar detenciones preventivas por un máximo de un año y se puede extender hasta tres años para casos complejos.
A juicio de algunos profesionales del derecho, esto abre la posibilidad de que aquellos que se mantienen detenidos desde hace más de un año bajo el sistema inquisitivo, puedan solicitar salir de prisión a partir del 2 de septiembre.
El asunto provocó que el diputado Quibian Panay, presentara el 24 de agosto pasado un proyecto de ley para modificar el artículo 557 del Código Procesal Penal, con el propósito de dejar claro que el plazo de un año para las detenciones preventivas aplica únicamente para los casos que inician a partir del 2 de septiembre y no para los que están presos desde antes de esa fecha.
La propuesta es discutida en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y se pretende aprobar esta misma semana, antes de que inicie el SPA.
Delia de Castro, coordinadora general de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría de la Nación, dejó claro que la ley establece claramente que la nueva ley es aplicable únicamente a los casos nuevos a partir del 2 de septiembre.
Explicó que la confusión se da porque se pretende aplicar las reglas del penal acusatorio en el sistema inquisitivo.
De Castro señaló que con el sistema inquisitivo las personas pueden estar detenidas hasta el tiempo de la pena mínima del delito por el que se le acusa. Por ejemplo, si el delito tiene pena mínima de 5 años con el Código Judicial, la persona puede estar en detención preventiva 5 años, antes de ser condenada.
Incluso la funcionaria advirtió que desde 2011 se aplica el SPA en las otras provincias del interior y los casos del sistema inquisitivo se le aplica lo que dice el Código Judicial sobre detenciones preventivas, sin que haya generado confusiones con lo que establece el penal acusatorio.
El proyecto de ley busca despejar dudas y aclarar los plazos de la detención preventiva para cada caso.
Lo que quiere hacer ese proyecto es hacer la distinción, aplica con la nueva regla, y que con el sistema inquisitivo se mantiene la regla anterior", Delia de Castro.
Armando Fuentes, abogado y asesor de la Comisión Revisoria del Código Procesal Penal, concidió con Delia de Castro en el tema de las detenciones preventivas al señalar que "eso se refiere únicamente a las personas que están siendo procesadas con el sistema acusatorio, no con el sistema inquisitivo".
Dijo estar de acuerdo con el proyecto de ley que se discute en la Asamblea, para que se establezcan las reglas claras.
Según De Castro, para este nuevo sistema de justicia hicieron un programa de trabajo desde el año pasado dividido en 10 subcomisiones de trabajo para tratar temas de presupuesto, recursos humanos, capacitación, tecnología, infraestructura, modelo de gestión, actualización normativa, estadística, divulgación y descarga.
Manifestó que esta subcomisión de descarga trabajó en lo que se hará con los casos que quedan pendientes del sistema inquisitivo.
Ahora, las fiscalías de la Procuraduría General de la Nación trabajan por secciones y en base al flujo de trabajo.
Habrá una sección de atención primaria donde se atienden las denuncias, querellas y casos iniciales que deben atenderse con urgencia.
Otra sección será la de decisión y litigación temprana en donde se verán aquellos casos que requieran ser archivados por falta de identificación de los responsables y también los que puedan ser resueltos a través de acuerdos, mediación o cuando hay flagrancia, que es cuando atrapan a las personas en el momento en que cometen el delito.
También estará la sección de investigación y seguimiento de causas, que se dedicará a ver los casos que requieren más tiempo para procesar e investigar. Y además habrá una sección de juicio y una de cumplimiento de pena.
De Castro indicó que habrá fiscales de circuito con fiscales adjuntos, asistentes operativos y los receptores de denuncias.
A su vez, todas las fiscalías superiores especializadas en drogas, homicidios, anticorrupción, ambiental, propiedad intelectual, antipandillas, delincuencia organizada, delitos financieros y sexuales, se mantienen funcionando de manera paralela a los fiscales del SPA, con apoyo de equipos especiales de trabajo.
Estos fiscales superiores seguirán tramitando los expedientes que quedan pendientes del sistema inquisitivo y a la vez, trabajarán en los casos de su respectiva especialidad bajo el sistema penal acusatorio.
Ellos (fiscales superiores) tienen casos a nivel nacional y manejan también descarga. Se ha estructurado una fórmula de trabajo para que ellos puedan manejar los casos del sistema viejo, un equipo especial los casos del sistema nuevo y cuando tengan que atender otro caso a nivel nacional, de igual manera lo puedan hacer", Delia de Castro.
Las fiscalías superiores seguirán recibiendo denuncias y casos de su especialidad, sin necesidad de que el caso llegue primero a la sección de atención primaria.
Para el abogado Armando Fuentes, la preparación de los fiscales ha sido bueno porque incluso han recibido capacitaciones internacional y nacional.
No obstante, Fuentes considera que el problema es la falta de peritos en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, al igual que hacen más fiscales y abogados.
El jurista manifestó que tendrán dificultades por la falta de fiscales que deben atender la cantidad de casos que generan las provincias de Panamá y Colón.
"Como el sistema es acusatorio y habrán muchas audiencias por día y no hay suficientes fiscales", advirtió.
Las primeras denuncias se estarán recibiendo en la sección de atención primaria de la Fiscalía Auxiliar y en las subregionales que tiene en los diferentes corregimientos como son Betania, Juan Díaz, Tocumen, Parque Lefevre y otros.
En las dos primeras semanas del SPA, unos 27 fiscales del interior del país y que ya han tenido experiencia trabajando en el nuevo modelo de justicia, estarán en la ciudad capital dando apoyo y asesoría.
La Procuraduría de la Nación cuenta con un personal de mil 172 funcionarios para el SPA en Panamá, Darién, Colón, comarca Guna Yala y otras regiones indígenas.
De esa cantidad, hay 29 fiscales superiores, 139 fiscales de circuito, 344 fiscales adjuntos, 20 personeros y 640 asistentes operativos.
Todas las etapas de un proceso penal, diligencias, detenciones y otras medidas cautelares, serán autorizadas y supervisadas por un juez de garantías y dejarán de ser potestad exclusiva de los fiscales.
Vea aquí el proyecto de ley.