Detención de Martinelli dependerá del pleno de la CSJ

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), compuesto por nueve magistrados, tendrá la responsabilidad de autorizar o rechazar la detención del diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y expresidente de la República, Ricardo Martinelli, ante la ausencia en la audiencia oral en su contra, desarrollada este lunes, 11 de diciembre, en el Salón de Audiencias del Segundo Tribunal Superior de Justicia, por su vinculación con los “pinchazos telefónicos”.

Durante la audiencia, el juez de Garantías, Jerónimo Mejía, determinó que Martinelli, “estaba debidamente notificado e incumplió con su deber de asistencia, como lo establece el Artículo 153, del Capítulo IV (Citaciones y Notificaciones) establecidos en el Código Procesal Penal, por lo cual fue declarado en rebeldía”.

Ante la falta de competencia del juez de Garantías para declarar la detención contra Martinelli por incumplimiento; el magistrado fiscal, Harry Díaz, encargado del proceso de investigación y quien formuló la acusación directa, presentará la solicitud formal al pleno de la CSJ, la tarde de este viernes, para que se gire una orden de detención con fines de conducción contra el exmandatario, quien desde el pasado 28 de enero se encuentra fuera del territorio nacional.

Recuento de la Audiencia

La audiencia contra el expresidente durante la administración 2009-2014, inició a las 9:35 a.m., es decir, 35 minutos después de lo programado.

En el salón del Segundo Tribunal Superior de Justicia se encontraban los querellantes, representados por sus abogados, algunas de las víctimas; la defensa del expresidente Martinelli; el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz; el juez de Garantía, Jerónimo Mejía; así como familiares, amigos y copartidarios del acusado.

Durante la audiencia, el juez de Garantías, ordenó a la secretaria judicial, dar lectura a los artículos con relación a la notificación de la audiencia, con lo cual, se verificaron las dos cuentas de correo electrónico suministrado por la defensa del exmandatario, así como la dirección de su oficina y domicilio; lo cual generó un debate entre Rogelio Cruz, representante legal de Martinelli y el magistrado fiscal, Harry Díaz, toda vez que según la defensa del expresidente “no había sido notificado de manera personal”.

Esta acción provocó la reacción de Díaz, quien señaló que siguiendo lo establecido en el Código Procesal Penal y con la verificación de la Oficina Judicial; Martinelli, había sido notificado por diversos medios técnicos: Correo electrónico el 13 de noviembre, mediante telegrama el 2 de diciembre y a través de la dirección física de su oficina, tal cual lo establece el Artículo 153.

Mejía, al escuchar ambas partes, fue claro al señalar: “El Código Procesal Penal establece deberes como la transparencia, lealtad, buena voluntad, comparecencia puntual en la audiencia, por lo que no está permitido la dilatación del proceso”.

No caeré en el juego de maniobras para dilatar el proceso, Ricardo Martinelli está debidamente notificado e incumplió su deber de asistencia a la audiencia”, manifestó Mejía contundentemente.

Mejía explicó que la audiencia que se desarrolló este viernes se encuentra en la fase “intermedia” porque finalizó la investigación y existe una acusación.

“Una parte puede no estar de acuerdo, pero existe una acusación y hay validez para llevarla a cabo, y si no se está de acuerdo hay que reunir todos los requisitos de validez, para lo cual deben estar presentes todas las partes”, haciendo referencia a la ausencia del imputado.

Si un imputado o acusado no comparece, es un reo en rebeldía”, como lo establece el Artículo 158 del Código Procesal Penal, señaló el fiscal de Garantía.

“No puedo declarar una orden de detención y le compete a la CSJ hacer la solicitud”, concluyó Mejía, dando por terminada la audiencia oral contra Martinelli.

Reacciones de víctimas y querellantes

Para el catedrático y constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, afectado por los “pinchazos”, el resultado de la audiencia, “es muy positivo”, lo que significa que la CSJ deberá solicitar la detención de Martinelli, para que comparezca ante el tribunal.

“Este proceso se ha atrasado demasiado para que lo sigan alargando y el pleno debe decidir de acuerdo a las disposiciones constitucionales y normativas vigentes”, acotó.

Según Bernal, lo que corresponde en este momento, es pedir la colaboración de las autoridades norteamericanas, para que remitan al exmandatario a Panamá.

Por su parte, Balbina Herrera, espera que Martinelli venga y lo detengan. “Él es quien debe estar aquí no su gente, hoy es declarado en rebeldía y tiene que ser detenido”.

Mauro Zuñiga, miembro del PRD y querellante manifestó que “pedirán a la CSJ la conducción de Martinelli que ha sido el presidente más corrupto que ha tenido la historia panameña y no puede quedar impune durante el quinquenio que fue presidente y debe ser procesado”.

Mitchell Doens, otro de los querellantes en el proceso, destacó que la defensa del expresidente utilizó un argumento que no se ajustaba a lo que señala la ley, buscando la dilación del proceso.

“Yo espero que el Pleno de la CSJ, acoja la petición y pronto traiga a Martinelli a Panamá para que enfrente la justicia Panameña”, concluyó.

Defensores de Martinelli reaccionan

A su salida del Órgano Judicial, la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, en cortas palabras señaló: “se ha violado el debido proceso, se saltaron la parte de imputación”.

Por su parte, Alma Cortés, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral y abogada defensora en el caso contra Martinelli, señaló, que el proceso era un “insulto a la justicia” al declarar en rebeldía al líder del partido Cambio Democrático (CD).

Cortés manifestó que “los abogados de Martinelli en Estados Unidos, están preparados para esta decisión”. “Vamos a presentar nuestros recursos a nivel internacional, donde vamos a advertir una inconstitucionalidad al Código Procesal Penal”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que Martinelli solicite asilo político en Estados Unidos u otro país, Cortés afirmó que “se está analizando” esa posibilidad.

Antecedentes

Los argumentos del magistrado fiscal Díaz, son contundentes en su escrito de acusación, porque plantea cómo el expresidente Ricardo Martinelli, desde su posición de poder, creó un grupo organizado dedicado a estas actividades ilícitas, usando equipos comprados con dinero del Estado desde la sede del Consejo de Seguridad.

Entre los elementos encontrados destacan, que entre los años 2012 a mediados de 2014, el entonces presidente Martinelli, daba las órdenes a funcionarios del Consejo de Seguridad, quienes trasladaban del edificio conocido como 150, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad en Quarry Heights en el corregimiento de Ancón, las grabaciones de las interceptaciones telefónicas a celulares y teléfonos fijos, pruebas de correos electrónicos, fotografías, entre otros; los cuales eran llevados a la Presidencia de la República en sobres amarillos cerrados.

Según las pruebas recabadas por el magistrado fiscal, Martinelli realizaba las interceptaciones con los recursos del Estado, en contra de activistas políticos, dirigentes sindicales, abogados, gremios educativos, grupos de la sociedad civil y médicos, lo que demostraba la constante violación a la intimidad y derechos humanos de los panameños.

Pena

Por este caso, el exmandatario Martinelli de ser culpable, podría enfrentar penas de 4 años de prisión por las interceptaciones telefónicas, 4 años más por persecución y vigilancia sin autorización, 10 años por malversación y 3 años por peculado de uso, lo que suma un total de 21 años de prisión.