Denuncias contra magistrados de la CSJ serán analizadas en la Asamblea la otra semana

La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional desempolvará todas las denuncias que se encuentran engavetadas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014).

A tvn-2-com el presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado panameñista Jorge Iván Arrocha adelantó que inicialmente “a partir de la próxima semana se estarán analizando entre dos a tres expedientes”.

El político detalló que los nueve diputados que integran esta comisión tendrán que revisar 14 expedientes, y de esta cifra, doce corresponden a denuncias contra magistrados de la CSJ, la número 13 es contra el exmandatario Martinelli, mientras que la 14 será remitida a otra instancia porque no corresponde a la competencia de la Comisión de Credenciales.

Estos 14 expedientes serán analizados en el orden con que entraron a la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Sin precisar detalles, agregó que hay denuncias contra magistrados [de la CSJ] que ya no podrán ser investigadas por esta comisión y que tendrán que ser remitidas al Ministerio Público (MP).

Cabe señalar que La Comisión de Credenciales inició sus labores el pasado 3 de agosto de 2015. La integran los diputados panameñistas: Jorge Iván Arrocha, Florentino Ábrego, Katleen Levy; del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, Zulay Rodríguez, Alfredo Pérez y los diputados de Cambio Democrático (CD), Rony Araúz, Mariela Vega y José Muñoz.

Al parecer, la Comisión de Credenciales se tomará su tiempo para analizar las controversiales denuncias. Según el diputado Arrocha, la discusión de estas denuncias podría demorar entre dos a tres semanas.

Esto debido a que en materia de procedimiento-tomando en cuenta lo que establece el reglamento interno de la Asamblea Nacional- antes de ingresar en la orden del día cualquier denuncia se tienen que leer los expedientes con detalle, explicar los elementos de los argumentos en contra de los denunciados para posteriormente “determinar si existen criterios jurídicos para abrir un proceso investigativo”.

El asunto es más complejo de lo que parece. Por ejemplo, entre los criterios jurídicos que se tienen que analizar es si hay o no denuncias que tienen prelación sobre otras, es decir por la fecha en que fueron entregadas y su grado de importancia; otro factor a determinar es la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Lo que dice el reglamento interno y la Constitución

De acuerdo al Reglamento Orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional en su artículo 75: “Las Comisiones tendrán un plazo no mayor de diez días, a partir de su recibo oficial a través de la Secretaría General, para rendir informe sobre los negocios que le han sido encomendados, pero estas podrán solicitar, a través del Presidente o Presidenta de la Comisión, que se prorrogue este plazo hasta por diez días más. Si al cumplirse este término no pudiese entregar el informe respectivo, el Presidente o Presidenta de la Asamblea pasará el asunto o proyecto de ley a una Comisión Ad Hoc para que informe”.

Asimismo en su artículo 50 el reglamento orgánico establece que se debe “emitir concepto, al Pleno de la Asamblea Nacional, acerca de las acusaciones y denuncias que se presenten en contra del Presidente o Presidenta de la República, los Magistrados o Magistradas de la CSJ y demás funcionarios que determinen la Constitución Política y las leyes de la República”.

Sobre este último acápite, la Constitución en su artículo 160 lo expresa claramente: “Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el presidente de la República y los magistrados de la CSJ, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta constitución o las leyes”.

Magistrados de la CSJ en la mira

Tras la histórica destitución del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, y la suspensión de las investigaciones contra el exmagistrado Víctor Benavides por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, la libertad e integridad sexual, debido a que presentó su renuncia al cargo, en la sociedad civil hay expectativa por saber si las denuncias contra los diputados serán admitidas o no por la Asamblea Nacional.

De hecho, a mediados de julio de este año, la Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó una investigación por los viajes al extranjero que han realizado los magistrados de la CSJ, así como una auditoría de los viáticos cobrados, “en por lo menos los últimos cinco años”.

La Alianza calificó como “soprendente” que se realicen estos viajes, en una institución donde hay una gran carencia para crear tribunales, dotarlos de personal y estructuras dignas para la digna implementación en todo el país del Sistema Penal Acusatorio (SPA), señala una nota de prensa de la Alianza Ciudadana.

Según un informe de la Asamblea Nacional el magistrado de la Corte que mantiene más denuncias en la Asamblea Nacional es el actual magistrado presidente, José Ayú Prado.

En la lista de denunciados ante la Asamblea Nacional también están los magistrados: Luis Ramón Fábrega, Jerónimo Mejía, Oydén Ortega, Hernán De León, Abel Zamorano, Harry Díaz y Harley Mitchell.

A pesar de estar señalados, los magistrados se han mostrado tranquilos. El único que se ha referido al tema ha sido el presidente de la Corte. En declaraciones a los medios ha señalado que está dispuesto a responder ante cualquier denuncia presentada en su contra.

“No somos jueces para juzgar a un colega, eso le corresponde constitucionalmente a la Asamblea Nacional, menos podemos opinar de las denuncias presentadas por particulares contra nosotros en el ejercicio de la administración de justicia”, recalcó el magistrado en abril de este año en declaraciones a los medios.

El caso Martinelli

Con relación al expresidente Martinelli, quien también es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), una de las primeras denuncias que se presentó en la Asamblea Nacional en su contra, fue la entregada por el abogado Iván Castillo el 23 de abril de 2014.

Esta denuncia es por la supuesta comisión del delito de corrupción de funcionarios y omisión de funciones. Está fundamentada en los artículos 345 y 356 del Código Penal, los cuales tipifican los delitos de corrupción de servidor público. Esta denuncia guarda relación al retraso en la construcción de la interconexión eléctrica con Colombia, para favorecer el desarrollo de proyectos hidroeléctricos en los que estaría vinculado un hijo del gobernante.

Pero la defensa de Martinelli no se ha quedado callada. El pasado 15 de julio, Reynaldo Medina, abogado que representa al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, presentó una denuncia penal contra cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional, por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

La denuncia fue presentada contra los magistrados Oydén Ortega, Jerónimo Mejía Edward, Harry Díaz, Harley James Mitchell y Abel Augusto Zamorano, y quienes resulten vinculados frente a los hechos punibles.

Ahora, Martinelli, quien está fuera del país desde el pasado 28 de enero de 2015, además de las denuncias que reposan en su contra en la CSJ, podría rendir cuentas en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional si así lo deciden los diputados.