Denuncia contra un juez civil, un hecho preocupante que marcará consecuencias

La denuncia contra un juez civil en la provincia de Chiriquí, por parte de la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Maria Eugenia López, representa un hecho relevante para la justicia y marca una serie de consecuencias, asegura el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz.

La denuncia fue presentada tras los resultados de auditorías que se han hecho que han revelado que existen expedientes que datan desde el año 1983, por ejemplo.

Lo primero que hay que cuestionar según el abogado, es lo que está pasando con el régimen disciplinario a nivel del Órgano Judicial, para que se tenga que recurrir a la justicia penal para encontrar soluciones, de lo que se debería solucionar dentro del mismo sistema.

Agrega que cuando se cuestiona el actuar de un funcionario judicial el sistema debiera estar preparado para que el superior jerárquico produzca una investigación y determinar el escenario que se señale, si tiene asidero o no.

De acuerdo con Araúz, es catastrófico para el sistema judicial mantener a un funcionario administrando justicia, donde la duda sobre su auténtico funcionamiento estaría gravitando en torno al señalamiento de un posible delito como lo es el caso con la denuncia que ha presentado la presidente de la Sala Penal de la CSJ.

“Es una denuncia sumamente preocupante porque los magistrados de la CSJ, al movilizarse de esa manera es porque sienten preocupación, que debe trasladarse a otra instancia”, manifestó Arauz.

Director de la Policía Nacional

Araúz también se refirió a la designación del nuevo director de la Policía Nacional, y asegura que la persona que vaya a dirigir la entidad deben ser alguien que mantenga el respeto al estado de derecho.

Dijo que a lo largo del tiempo, a la institución se le ha criticado por la forma en la que sus decisiones, protocolos y funcionamiento toma escena dentro de la vida en sociedad, por lo que quien lidere ese estamento tiene que ser un garante de la legalidad y el estado de derecho.

A su juicio, también se deben imponer sanciones a las agentes que incumplen y contaminan esa entidad que está llamada a ser un aliado de la sociedad.