El Estado demanda civilmente a Ricardo Martinelli, el reclamo es por la suma de $159 millones

Ciudad de Panamá, Panamá/El Estado panameño le reclama al expresidente Ricardo Martinelli,159 millones de dólares mediante una demanda civil por daño moral y material causado por los hechos relacionados al caso Odebrecht en el que es procesado y por el que tiene que afrontar el juicio el próximo 27 de septiembre ante el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.Se trata de una demanda civil presentada el pasado 8 de agosto de 2023, por el representante legal del Ministerio de Seguridad Pública a cargo de Juan Manuel Pino y que para el caso Odebrecht representa al Estado como querellante.

En el documento se indica que las acción civil contra Martinelli obedece en gran parte por la afectación a la reputación del país a nivel internacional, por la colocación de la República de Panamá en las listas discriminatorias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Además, se menciona que dicha acción civil es para reclamar la responsabilidad dentro del proceso penal seguido a los expresidentes Martinelli, Juan Carlos Varela y exfuncionarios como Frank De Lima, Carlos Duboy, entre otros, como presuntos imputados de delitos de blanqueo de capitales.

Para el Estado y como se explica que demanda, la suma total de 159 millones del reclamo se divide en que el daño material considera que asciende a la suma de 59 millones de dólares y el daño moral 100 millones de dólares, más las costas, gastos e intereses legales.

Los hechos en que se sustenta dicha acción legal se enmarcan entre los años 2010 y 2014, en el que el demandante señala que la Constructora Norberto Odebrecht "realizó pagos corruptos por más de 59 millones de dólares a funcionarios gubernamentales en panameños e intermediarios que trabajan para ellos en Panamá para obtener entre otras cosas contratos de obras públicas".

Además destacan que entre los años 2009 y 2012, Constructora Norberto Odebrecht acordó pagarle 6 millones de dólares a dos parientes cercanos de un funcionario gubernamental panameño de alto rango, en conexión con proyectos de infraestructuras gubernamentales, en el entendimiento de que a cambio, de los pagos, el funcionario gubernamental asegurara la participación de Odebrecht bajo los contratos públicos gestionados para diversas obras de infraestructura en la República de Panamá.

"La introducción de los dineros pagados en concepto de sobornos por la Constructora Norberto Odebrecht al sistema financiero panameño se hizo para encubrir, ocultar y disimular su origen ilícito ejecutándose así por parte de Ricardo Martinelli Berrocal un delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales", se plasma en la demanda civil.

En el escrito, el abogado Carlos Enrique Muñoz Pope aduce como pruebas el proceso penal por los pagos de sobornos de Odebrecht a cargo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales contra Martinelli y otras 35 personas señaladas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

En horas de la noche del domingo, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de un comunicado, informó lo siguiente:

"En cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 19 de 14 de febrero de 2017, por la cual se autorizó al ministro de Seguridad Pública a presentar querella, en representación del Estado contra quien o quienes resultaran responsables de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público relacionadas con los supuestos actos de corrupción y delitos contra la Administración Pública y el Orden Económico por hechos vinculados a la empresa Constructora Odebrecht, S.A., el ministerio de Seguridad Pública otorgó Poder Especial al Doctor Carlos Enrique Muñoz Pope para representar al Estado panameño en este proceso".

En este contexto, y atendiendo a la magnitud del perjuicio ocasionado al erario público como consecuencia de los actos ilícitos identificados en este proceso, se pretende establecer un precedente histórico y resarcir el daño moral, material, reputacional del Estado panameño como principal afectado, siendo la interposición de acciones civiles derivadas del delito, el mecanismo idóneo para tal propósito.

Agrega el comunicado, que "de esta forma, se ha iniciado la presentación de las correspondientes acciones restaurativas en representación del Gobierno Nacional, de manera que, como parte de la responsabilidad civil que deviene de la causa penal iniciada, se procederá contra todos aquellos que resultaron imputados por su participación en estos hechos, en aras de velar por el reconocimiento y salvaguarda de los mejores intereses del Estado".