CSJ admite investigar a Martinelli por expedición de indultos
Esta sería el tercer proceso investigativo que se inicia contra el expresidente Martinelli. Se trata de la presunta comisión del delito contra la administración pública, por la expedición de indultos durante su gestión de gobierno.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en pleno, admitió una investigación contra el expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, relacionados con una denuncia que envió la Procuraduría General de la Nación por la expedición de indultos.
Esta denuncia la hizo la Procuraduría de la Nación en agosto de 2014, los cuales fueron negados y revocados mediante el Decreto Ejecutivo N°472 del 14 de agosto de 2014.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo N°472 de 2014, estos indultos fueron por autoridad sin competencia para producirlos.
Puntualiza además, los indultos no fueron otorgados a personas que hubiesen sido condenadas por delitos políticos, los cuales no constan ni en el Ministerio de la Presidencia ni el de Gobierno
El fallo determina, según un comunicado de la CSJ, que es necesario aclarar que el expresidente firmó los indultos en su condición de presidente constitucional, pero el cual no tiene aplicación en la actualidad.
En tanto, el artículo 191 de la Constitución Política, indica que si bien el presidente solo es responsable en los casos de extralimitación de funciones constitucionales, actos de violencia o coacción en los procesos electorales, impedir reunión de la Asamblea Nacional de Diputados obstaculizar el ejercicio de las funciones, por delitos contra la personalidad institucional del Estado o contra la Administración Pública.
Para este nuevo caso, de los otros dos que se le investiga al exmandatario, la corte deberá solicitar al Tribunal Electoral un nuevo levantamiento del fuero penal electoral.
Asimismo, se suspender este proceso hasta que la solicitud de levantamiento del fuero penal electoral se levante.
En esta investigación el fiscal de la causa será el magistrado Abel Augusto Zamorano y el juez de garantías, el magistrado José Ayú Padro.
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