La Corte Suprema crea precedente que desmonta estrategia judicial de Martinelli
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que actúa como juez de garantías en la causa por escuchas ilegales contra Ricardo Martinelli sentó un importante precedente judicial al definir la competencia del máximo tribunal en el caso, independientemente de que el expresidente deje el cargo de diputado que en principio se la otorgó.
"La Corte Suprema de Justicia y este magistrado de garantías mantienen y no perderán competencia por la alegada renuncia del diputado Martinelli al Parlamento Centroamericano" (Parlacen), sentenció la madrugada de este marte el juez Jerónimo Mejía, tras una larga alegación califica de cátedra de derecho por expertos panameños consultados por Acan-Efe.
Martinelli, de 66 años, recurrió a la renuncia al Parlacen, del que es diputado por haber sido presidente de un país miembro del organismo, con la intención de sacar de la esfera del Supremo el caso de las escuchas y llevarlo a un tribunal ordinario.
El nuevo Sistema Penal Acusatorio, que cobró vigencia en todo el territorio nacional recientemente tras una implementación por etapas que tomó varios años, establece que altos cargos como los diputados deben ser procesados por el Supremo y no por los tribunales comunes.
Martinelli enfrenta una pena de hasta 21 años de cárcel debido a los 4 tipos penales que implican el caso de las escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014) a más de un centenar de personas, según el escrito de acusación presentado el 9 de octubre de 2015 por el magistrado fiscal, Harry Díaz.
La presentación de ese escrito de acusación fue la base de la alegación de Mejía, que interpretó que con ella se radicó la "competencia" de forma "definitiva" en el Supremo, según dictan artículos del Código Procesal Penal y del Código Judicial y a la luz del nuevo Sistema Penal Acusatorio.
La interpretación de Mejía "obviamente favorece el criterio de unidad y eficiencia del proceso", dijo este martes a Acan-Efe el experto en derecho Juan Carlos Araúz, miembro y directivo del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.
Araúz destacó el "carácter inédito, que permite el debate" tras la decisión del magistrado Mejía, "comprendido que Panamá vive momentos de amoldamiento del Sistema Penal Acusatorio y ese amoldamiento compete, en gran medida, a los jueces".
Por ello el experto se pronunció por que a partir de esto se legisle para diseñar "un proceso judicial único para todos los ciudadanos, sin distinguir su naturaleza o su investidura, permitiendo que en Panamá el tema de la igualdad de todos ante la ley sea una realidad desde el punto de vista procesal".
Para el también experto constitucional Ernesto Cedeño, el magistrado juez de Garantías "dictó cátedra desde el punto de vista jurídico", y ahora la defensa del expresidente deberá "ajustarse al procedimiento".
En declaraciones a Acan-Efe, Cedeño desechó las opiniones de los defensores de Martinelli y opinó que "no se le han violado derechos" a lo largo de este proceso por las escuchas, que inició en 2015, meses después de que el expresidente se fuera del país en una gira para denunciar que era un "perseguido político".
Para el abogado y excanciller panameño Jorge Ritter, la audiencia intermedia o de acusación iniciada el lunes y en la que Mejía definió la competencia de la Corte Suprema y sentó "precedentes importantes en materia de jurisprudencia de cómo se van a manejar los casos" de este tipo en adelante.
"Lo que ha habido fue un aire fresco para la institucionalidad", añadió Ritter, que valoró como "un resumen extraordinario que la ciudadanía estaba esperando de una autoridad", la afirmación de Mejía de que "no puede dejarse que la voluntad de una persona distorsiones todo el sistema" de Justicia, en referencia a la pretensión de forzar el cambio de jurisdicción penal por parte del ex jefe del Estado.
Martinelli está detenido en la cárcel panameña de mínima seguridad El Renacer desde el pasado 11 de junio, cuando llegó extradito de EE.UU., donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por el caso de las escuchas.
El ex jefe de Estado se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo, aunque solo podrá ser procesado por las escuchas ya que fue extraditado bajo el principio de especialidad previsto en un tratado bilateral de 1905.