Noticiero Fin De Semana
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá atender los procesos judiciales que se le siguen a la exministra de la Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Ampyme), Giselle Burillo. Los dos casos son por la presunta comisión del delito contra la administración pública.
Este jueves se conoció que el pasado miércoles 26 de septiembre el Juzgado Decimosexto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, remitió a la CSJ copia del proceso que se le sigue a Burillo, ya que ella no puede ser juzgada por esta dependencia por ser diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Los magistrados Hernán De León y Abel Zamorano son los encargados de darle seguimiento a estos procesos.
Los procesos tienen relación con actos públicos que se adjudicaron desde el 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014.
Entre las más relevantes está la investigación por división de materias que revela que se fraccionaron unos 137 contratos a un precio máximo de 175 mil dólares.
Burillo durante su administración adjudicó unos 26 millones de dólares en contratos a 15 empresas.
Según la respuesta que dio la Dirección de Contrataciones Públicas, a una solicitud enviada por Ada Romero, exministra de Ampyme durante la administración del presidente Juan Carlos Varela; en octubre de 2014, esta instancia asegura que se dio una “flagrante división de materias”.
De hecho, cita en la nota, el artículo 23 del Texto único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006 que expresa que no se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda. En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes”.
En la Ampyme, de enero de 2011 a junio de 2014, se ejecutaron 89 actos públicos, según documentación a la que tuvo acceso este medio.