Corte Suprema abre periodo para que ciudadanos opinen en demanda contra el contrato de Panama Ports

Ciudad de Panamá, Panamá/La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia ordenó publicar un edicto por tres días en un periódico de circulación nacional, como parte del proceso que se surte tras la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el contrato Ley entre el Estado y la sociedad Panama Ports Company.

Se indica que después de la última publicación de dicho edicto en un periódico, se corre el término de diez días para que los demandantes; Norman Castro y Julio Macías, así como todas las personas interesadas presenten sus argumentos por escrito sobre este caso.

La información que está contenida en el edicto No. 241, con fecha 25 de febrero del presente año, forma parte del trámite para que se declare inconstitucional el artículo 1 de la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, por lo cual se aprobó el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.

Bajo esta figura legal, el Estado le dio potestad a esta empresa que le permitió el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de contenedores, pasajeros y carga general en Balboa, provincia de Panamá, y Cristóbal, provincia de Colón.

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Luego de un análisis al fallo que declaró inconstitucional el contrato minero con Minera Panamá, los abogados Castro y Macías decidieron acudir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la similitud de ambos instrumentos, en el que se cuestionan los aportes del país.

Bajo sus argumentos, ambos abogados hacen referencia en su demanda a las prerrogativas de la empresa, entre las que se encuentra la opción de concesionar áreas de tierra, facilidades e instalaciones en Diablo e Isla Telfers, algo que los juristas señalan como contrario al artículo 259 de la Constitución Política.

“Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público”, se desprende del articulado constitucional.

Igualmente, entre los fundamentos de la demanda se argumenta una violación al artículo 266 de la Constitución, puesto que el contrato no fue precedido por un acto de licitación pública.

El 20 de enero de este año, la Contraloría General de la República inició una auditoría a la empresa Panama Ports Company (PPC).

Esta auditoría forma parte de otros procesos de investigación sobre los manejos administrativos y de verificación del cumplimiento de los términos de las concesiones en aquellas empresas en donde Panamá mantiene acciones.

En el 2023, la administración del expresidente Laurentino Cortizo extendió a dicha empresa la concesión portuaria automáticamente por 25 años más.

Bajo la lupa

Lo anterior no ha caído en gracia en la administración del presidente estadounidense Donald Trump, por ser una empresa con capital chino y cuya presencia en las riveras del canal de Panamá ha generado un clima de inestabilidad en los últimos días.

Los argumentos del gobierno americano se basan en que la compañía CK Hutchinson, basada en Hong Kong, es la empresa matriz de PPC.