Ganancia por caso de comida deshidratada fue de 100%, según juez

Cuatro exministros y exviceministros fueron sobreseídos definitivamente por este escándalo de peculado y corrupción y otros cinco imputados fueron llamados a juicio.

El juez decimoquinto penal, Lezlie Loaiza estableció que el empresario Rubén de Ycaza Arias quien vendió la comida deshidratada al Programa de Ayuda Nacional (PAN), logró ganancias del 100 por ciento, es decir no tuvo ni gastos ni pérdidas por esta transacción. El precio que fijó la compañía Lerkshore International Limited en el contrato con el PAN fue muy superior al pagado a la empresa brasileña Patrivita Nutricionais, fabricante de los alimentos deshidratados, indicó el juez. Por estos hechos De Ycaza fue llamado a juicio por peculado y fraude en contrataciones públicas.

Según la fiscal segunda anticorrupción Vielka Broce quien durante la audiencia preliminar pidió llamamiento a juicio para casi todos los implicados, indicó que los alimentos estaban vencidos, sin embargo, en la resolución el juez determinó que esto no se pudo probar.

En cuanto a Adolfo Chichi de Obarrio el juez le mantuvo los cargos de peculado, corrupción y fraude en contrataciones públicas y pidió su captura a través de la Interpol.

Según Loaiza se aprecia claramente que Giacomo Tamburrelli, quien irá a juicio por ser el administrador del PAN cuando se celebró el contrato, señaló directamente a De Obarrio como la persona que daba las instrucciones que supuestamente procedían del expresidente Ricardo Martinelli.

A Tamburelli lo llamaron a juicio por peculado, al igual que a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini y al exjefe de compras de nutrición del Ministerio de Educación (Meduca) Ángel Famiglietti Russo.

Los que corrieron con mejor suerte fueron todos los exministros y exviceministros miembros del Consejo Directivo del PAN, ninguno fue llamado a juicio, al contrario fueron sobreseídos definitivamente, ellos son: La exministra de Educación, Lucy Molinar; el exministro de Obras Públicas, Federico Suárez y las exviceministras de Desarrollo Social y Presidencia, Marta Susana de Varela y María Fábrega.

De acuerdo con el juez a pesar de que la comida deshidratada fue comprada para el Meduca, el contrato no fue realizado directamente por este ministerio sino por el PAN, además en la investigación no se menciona a Lucy Molinar como una persona que tuviera conocimiento de las instrucciones que existían para la adjudicación del contrato, tampoco se probó que actuara con dolo.

Por otro lado, Fábrega, Varela y Suárez quienes formaban parte del Consejo Directivo del PAN no tuvieron omisión alguna cuando aprobaron el contrato.

Molinar, Varela, Fábrega y Suárez quedaron libres de las medidas cautelares de impedimento de salida del país y notificaciones periódicas que tenían impuestas.

Pero no todo está dicho sobre el estatus de estos altos exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, ya que la fiscal Broce tiene derecho a apelar y si esto es así la resolución del juez Loaiza sería evaluada en el Segundo Tribunal Superior de Justicia que tiene la facultad de confirmar o revocar el fallo.

La procuradora general Kenia Porcell adelantó este jueves que probablemente se presentará la apelación.