Conozca las actividades que encendieron las alarmas y dieron origen a la Operación Jericó

Ciudad de Panamá, Panamá/La historia empieza en junio del 2023, cuando la Fiscalía de Drogas detectó un grupo que supuestamente se estaba dedicando al trasiego de drogas desde Colombia, pasando por la comarca Guna, Darién, Chepo hasta el distrito de San Miguelito.

No eran grandes cargamentos como estaban acostumbrados, eran personas moviendo droga poco a poco.

Según las investigaciones, la metodología usada eran "mochileros", que cruzaban las trochas selváticas de Darién, hasta el poblado de Tortí, en Chepo, donde presuntamente operaba el primer centro de acopio.

Las sustancias ilícitas eran colocadas en autos equipados con dobles fondos, que llevaban la mercancía hasta un taller en San Miguelito, que sería, según la investigación, el bunker principal para estas operaciones.

Desde allí las sustancias ilícitas eran movidas vía terrestre hacia la provincia de Chiriquí hasta la frontera con Costa Rica.

La organización criminal tenía miembros que se dedicaban a la logística de estos traslados, para poder hacer esto hacían uso de personas supuestamente infiltradas en los estamentos de seguridad del Estado, por ejemplo del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional (PN) que mantenían comunicación con miembros de la organización criminal para brindar “seguridad” a los cargamentos ilícitos, según señaló el fiscal de Drogas, Joseph Díaz Calderón, en las audiencias de garantías ante el juez Mike Zúñiga.

Los señalados

De estos funcionarios, se identificó a dos que eran cabos segundos de inteligencia del Senafront, Abel Rodríguez y Michael Quintero, quienes, de acuerdo con la pesquisa, se comunicaron con Francisco Alias "Francis" para la recepción, seguridad y traslado de 40 paquetes de cocaína desde una región comarcal en Nurra, hasta Chepo.

Además, se relaciona a Meltonis Melvin González Granado, cabo segundo de la PN, que según la Fiscalía a través de su actuar “se establecen los tentáculos de la organización", brindando a Francis información de placas de vehículos, que estaban siendo objeto de vigilancia y seguimiento por las autoridades y así poder evadir el brazo de la justicia.

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Con respecto a González, el fiscal Díaz también divulgó durante las audiencias de garantías que desde su posición de agente de la fuerza pública suministraba al grupo criminal información referente a los dispositivos celulares y aplicaciones de comunicación como Signal que podrían evitar ser objeto de escuchas telefónicas por las autoridades.

Otros de los señalados por el fiscal han sido Luis Tanches y Eduardo Guillén; según lo reseñado por la Fiscalía, es que no eran personas que cometían el delito de manera común. Utilizaban a otras personas como “mulas” para el traslado de dinero producto del narcotráfico que tenía como destino final un centro de acopio en San Miguelito. Estas acciones eran coordinadas entre Tanches y Guillén y para el fiscal Díaz, ambos se aprovecharon de estas personas con vulnerabilidad económica.

Dentro de la investigación que mantiene el Ministerio Público también se encuentra la participación de mujeres, por ejemplo Militza Rodríguez, quien de acuerdo con la argumentación de la fiscalía era la personas que enviaba y transfería dinero para las supuestas operaciones ilícitas.

En la investigación se señala a Franklin Martínez Moreno, alias “Negro” quien supuestamente coordinaba con Francis toda la logística para el traslado de 46 paquetes de cocaína y 11 paquetes de marihuana que fue decomisada en Don Bosco. También la entrega de armas de fuego y brindar la custodia de cargamentos de sustancias ilícitas que iban de Guna Yala hasta Chepo.

Anyuri Villarreal, según las averiguaciones y mencionado por el fiscal, Díaz Calderón, Villarreal era la encargada del taller Villagian, ubicado en Juan Díaz, donde se invirtieron más de $90 mil en la compra de vehículos en el extranjero y que luego eran habilitados para su venta en el mercado local.

Servicios Múltiples Rama

Omar Ortega, es una de las figuras más cercanas a Abraham Rico Pineda, según la Fiscalía, por lo que el juez ordenó su detención preventiva, la semana pasada, pero la defensa apeló e intentó desvincularle de las presuntas actividades ilícitas de Pineda.

La Fiscalía logró que le imputaran cargos por presunto blanqueo de capitales, y aunque en las escuchas telefónicas que reposan en la investigación no se ha podido identificar su voz, la acusación radica aquí: en la sociedad anónima Servicios Múltiples Rama que los investigadores aseguran recibió dinero proveniente de narcotráfico.

En cuanto a la vinculación de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda, el procurador explicó que, según las pruebas reunidas por la Fiscalía de Drogas, se determinó que esta persona colaboraba con el grupo criminal, coordinando acciones para facilitar el delito de blanqueo de capitales.

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Acuerdos de pena

Al mediodía de este lunes 19 de agosto, Mike Zúñiga, juez de garantías en el caso seguido a los presuntos vinculados en la denominada operación Jericó, confirmó condenas a través de acuerdos de pena para tres de los investigados.

Se trata de Santiago Batista, Raquel Moreno y Olmedo Pittí, quienes aceptaron su culpabilidad por el delito de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

Quienes se declararon culpables tendrán que enfrentar una sentencia de 60 meses de prisión. Además, dos de ellos, deberán pagar una multa de mil dólares. Al tercero en optar por la medida de acuerdo de pena, se le decomisarán 2 mil 470 dólares, que al momento de su captura se le habían encontrado en una bolsa plástica numerada.