¿Quiénes integrarán el tribunal que debe atender el segundo juicio por el caso 'pinchazos'?
Ricardo Martinelli
La tarde de este lunes 21 de junio se conoció a través del Órgano Judicial el nombre de las integrantes del Tribunal de Juicio que deberá hacerle frente al conocido caso de los "pinchazos telefónicos" por el cual es juzgado el expresidente Ricardo Martinelli (2014 - 2019).
El tribunal de juicio está integrado por:
- Iveth Francois Vega: En el año 2016 pasó de ser asistente de magistrado a jueza de juicio oral para llenar una de las vacantes del nuevo Sistema Penal Acusatorio, esta decisión fue tomada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando estuvo presidido por el magistrado José Ayú Prado. Empezó a trabajar en el Órgano Judicial en el 2005. Tiene 16 años en el sistema.
- Jennifer Saavedra Naranjo: En el 2016 también fue nombrada como jueza de juicio oral por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, presidido por José Ayú Prado. Se desempeñaba como jueza municipal de familia. Empezó a trabajar en el Órgano Judicial el 2 de enero de 2007. Tiene 14 años en el sistema.
- Marysol Osorio Leyton: También fue designada como jueza de juicio oral en el año 2016 por el Pleno de la CSJ. Esta abogada obtuvo su idoneidad en el año 1997. Se desconoce cuando inició labores en el Órgano Judicial.
Fue una de las juezas que declaró no culpable a 15 personas acusadas por delitos de drogas, blanqueo de capitales, posesión ilegal de armas, corrupción y asociación ilícita para delinquir en el caso El Gallero.
En ese juicio se alegó que: entre los elementos que presentó el Ministerio Público y que disminuyeron el valor probatorio, constaban una errada formulación de acusación, la ilicitud de las escuchas telefónicas, violación en la cadena de custodia, violación al derecho de la defensa, utilización de hechos y testimonios en causas ya juzgadas.
Camino al juicio
El juicio debe iniciar a las 9:00 am de este 22 de junio. Sería la segunda ocasión que el expresidente Martinelli es sentado en el banquillo de los acusados, luego que un Tribunal de Apelaciones anulara el fallo que declaró no culpable al exmandatario.
La defensa del expresidente ha intentado evitar el juicio a través de una solicitud de prescripción del caso y de varias acciones judiciales de afectación de derechos. Recursos que han sido negados.
Lo que motivó la decisión de un segundo juicio
Dentro de las argumentaciones que se dieron a conocer durante la lectura del fallo que definió volver a celebrar el juicio, se aseguró que se desmeritaron pruebas y testimonios claves que incluso fueron confirmados por otros testigos durante el juicio oral que se le siguió al exmandatario.
En la sentencia, el Tribunal discriminó el valor del testimonio de Ismael Pittí, que explicó las medidas de hostigamiento vividas en el 2014 que lo hicieron declarar en tercera persona ante el Ministerio Público, porque individuos conocidos y desconocidos por él, a través de mensajes telefónicos a su esposa, le pedían que no dijera nada.
Durante el pasado juicio, el entonces conocido como testigo protegido, dio información de las tres personas que se dedicaban a la interceptación de comunicaciones de empresarios, políticos, periodistas y funcionarios que no guardaban relación con las actividades de seguridad del Estado panameño, además dijo que dichos equipos se desmantelaron luego del resultado de las elecciones generales de mayo del 2014. De acuerdo al Tribunal de Apelaciones ninguno de estos elementos fue tomado en cuenta.
El Tribunal de Apelaciones aseguró que no es su función determinar la culpabilidad del involucrado en este caso y que su objetivo era determinar la nulidad o no de la sentencia; sin embargo, esbozaron los elementos por los cuales tomaron su decisión.
Alegaron que los tres jueces no valoraron en debida forma las pruebas que fueron aportadas en el juicio para la vinculación de Martinelli con las interceptaciones telefónicas ilegales.
Martinelli, de 68 años, enfrentó un complicado juicio en el caso conocido como "pinchazos", por el que fue extraditado por Estados Unidos, donde estuvo preso un año mientras batallaba por evitar su entrega a la Justicia panameña.