Narcoavioneta: una condena y dos absoluciones

El proceso penal de la "narcoavinoeta" encontrada en el año 2010 en la finca La Hondita, de Los Santos, y que provocó la renuncia del exprocurador de la Nación Giuseppe Bonissi, terminó con la condena a 58 meses y 18 días de prisión de uno de los tres sindicados.

Mediante fallo del 11 de marzo pasado y al que TVN-2.COM tuvo acceso, el Juzgado Liquidador de Los Santos, condenó a prisión de 58 meses y 18 días a Miguel Angel Castillo Domínguez por delito relacionado con drogas, al destinar un bien inmueble (la finca) para el transporte de estupefacientes.

En el lugar había una pista clandestina de aterrizaje, en donde se ubicó la avioneta con rastros de droga.

En el mismo fallo, el juez Fernando Bedregal absolvió a George Guillén y Avelino Ríos de los delitos relacionados con drogas, posesión y tráfico de armas y explosivos y de asociación ilícita.

Mientras que el otro acusado, Miguel Angel Castillo Peralta (padre de Castillo Domínguez) falleció en 2011 y se decretó la extinción de la acción penal en su caso.

Polémica historia

Este caso se inició el 21 de agosto de 2010 cuando en un allanamiento a la finca La Hondita, en el poblado de Santa Ana, en la provincia de Los Santos, se encontró una avioneta que había sido modificada y que tenía rastros de heroína y marihuana.

La finca era propiedad de Castillo Peralta y su hijo Castillo Domínguez, en donde tenían una casa en la que se hallaron dos armas 9 milímetros y municiones de diferentes armas.

Un informe de la Dirección de Investigación Judicial vinculó a Guillén al trasiego de drogas con la familia Castillo.

Mientras que Ríos era empleado de la finca del Higuerón, cerca al río La Villa, en donde se encontraron cuatro armas de fuego que eran propiedad de Castillo Peralta.

Tres días después, la Fiscalía Delegada de Drogas de Herrera y Los Santos tomó declaración indagatoria y ordenó la detención preventiva de los cuatro acusados.

Este era un caso más de supuesto tráfico de drogas. Pero la polémica surgió cuando la recién designada fiscal de drogas de Herrera y Los Santos, Milagros Valdés, ordenó el 25 de noviembre de 2010 dejar sin efecto la detención preventiva de los cuatro acusados, que luego quedaron libres.

La liberación de los detenidos se dio tres días después de que Valdés asumiese interinamente el cargo de fiscal de drogas en Herrera y Los Santos. Markel Mora titular del cargo en ese momento y actualmente fiscal primero de Drogas, había sido enviado de vacaciones y Valdés ocupó su puesto.

El caso conocido como “el narcoescándalo” provocó la renuncia del entonces procurador Bonissi y Valdés fue removida del cargo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) dio la alerta sobre la irregularidad.

Además se inició una investigación contra la exjefa de recursos humanos del Ministerio Público (MP), Eva Lorentz, la fiscal Valdés, la exsecretaria general del MP Nedelka Díaz y su hijo Angel Castillo, el abogado Alcibiades Ballesteros y los cuatro acusados Castillo padre e hijo, Guillén y Ríos.

Este caso del “narcoescándalo” está en el Juzgado Cuarto Penal desde el 14 de octubre de 2014 y se fijó la audiencia preliminar para el 27 y 28 de julio de este año a las 8:30 a.m. Como fecha alterna se estableció el 29 y 30 de agosto.

En esta audiencia se decidirá si los acusados son llamados a juicio.

La condena por la narcoavioneta

Desde el 5 de diciembre de 2011 la fiscalía pidió el llamamiento a juicio de los tres acusados. El 10 de agosto de 2015 se llevó a cabo la audiencia preliminar y al día siguiente se dictó el llamamiento a juicio de Castillo Domínguez, Guillén y Ríos. El juicio se realizó el 4 de febrero de este año.

El juez sustentó la condena a Castillo Domínguez, en el hecho de que se comprobó que en la avioneta se transportaba droga porque habían rastros de heroína y marihuana.

De igual forma, se tomó como indicios el hecho de que estaba en una pista clandestina, el aparato no tenía autorización para ingreso al espacio aéreo panameño, no contaba con un plan de vuelo, la matrícula era de otra aeronave de Estados Unidos y tenía logos de la Cruz Roja y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef por sus siglas en inglés), los cuales no correspondían a esas entidades.

La avioneta, que viajó desde Guatemala y por toda Centroamérica hasta llegar a Los Santos, fue modificada al incluirse una bomba extra y dos tanques de combustible en cada ala y se le desprendió la placa de identificación del motor. Pese a ello, el juez manifestó que las modificaciones no fueron hechas en Panamá.

Castillo Domínguez tenía, efectivamente, conocimiento del fin ilícito para el cual se iba a destinar dicho inmueble”, juez Fernando Bedregal.

Bedregal concluyó que no hay pruebas de delitos de asociación ilícita ni tráfico de armas y explosivos que involucren a Castillo Domínguez, Guillén y Ríos.

“El informe no constituye un indicio grave que pueda servir para el sustento de una sentencia condenatoria (de George Guillén)”, señaló el juez. Tampoco hay pruebas de que Guillén está vinculado a la finca La Hondita.

En cuanto a Ríos, el juez estimó que las armas que estaban en la finca que cuidaba, no eran de su propiedad así como tampoco hay pruebas que las utilizaba.

Fuentes oficiales del órgano judicial confirmaron que la fiscal Jania González se notificó de la sentencia el 14 de marzo pasado, anunció apelación y tiene cinco días para presentar el escrito de sustentación.

Aún falta por notificar al abogado Edwin Cedeño, defensor legal de Castillo Domínguez y Ríos.

Victor Orobio, abogado de Guillén, confirmó que su defendido ya salió de prisión. En tanto que Castillo Domínguez y Ríos siguen detenidos.

El Tribunal Superior de Herrera y Los Santos deberá resolver la apelación.