Caso Cobranzas del Istmo: Corte admite recursos de casación a Luis Cucalón sobre condena por blanqueo

Ciudad de Panamá, Panamá/La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió los recursos de casación presentados a favor de Luis Enrique Cucalón Uribe y Dora Luz Morales Rodríguez contra la sentencia condenatoria de segunda instancia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, dentro del proceso por blanqueo de capitales relacionado con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La decisión fue divulgada mediante el Edicto No. 106, fijado el pasado 6 de noviembre en la Secteraría de la CSJ. En ese mismo pronunciamiento, la Sala rechazó por improcedente una solicitud de aclaración presentada por el abogado Rorix Javier Núñez Morales, relacionada con la resolución del 18 de agosto de 2026, mediante la cual no se admitió el recurso de casación interpuesto a favor de Cristóbal Humberto Salerno Ballestas.

Los magistrados también ordenaron correr traslado del expediente al procurador general de la Nación para que emita su concepto dentro del término legal.

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Origen de la investigación

Los antecedentes incorporados al expediente señalan que la investigación por blanqueo de capitales tuvo su origen en una resolución del 13 de octubre de 2015, emitida por la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que remitió las actuaciones de un proceso relacionado con presuntos delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La investigación se centró, entre otros aspectos, en la contratación directa de Cobranzas del Istmo, como gestora de cobro de la cartera morosa del Estado, mediante el contrato No. 100 del 25 de agosto de 2010.

En ese momento, Cucalón Uribe se desempeñaba como administrador de la entonces Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP) y había ocupado el cargo de director general de Ingresos. Según los antecedentes judiciales, se le cuestionó por presuntamente omitir procedimientos establecidos en la legislación de contrataciones públicas para facilitar la incorporación de la empresa como gestora de cobro.

El documento señala que, como resultado de ese contrato, el Estado pagó $47,129,415.66 a Cobranzas del Istmo.

De acuerdo con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República estimó la lesión en detrimento al erario público por la suma de $29,561,501.67. De acuerdo con esos antecedentes, Salerno reintegró $20,699,982.98 mediante una transferencia a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. El expediente establece que, después de ese reintegro, la afectación económica pendiente se calculó en $8,861,518.69.

Transferencias y sociedades bajo investigación

La auditoría también identificó irregularidades en el manejo de la cartera morosa entregada a la empresa gestora de cobro. Entre los hallazgos descritos y probados según el fallo, se mencionan casos de contribuyentes que ya se encontraban en cobro coactivo y que fueron remitidos a la empresa para gestionar el pago de sus obligaciones.

El documento señala, además, el cobro de comisiones sobre abonos registrados y que se habrían pagado comisiones por gestiones que no correspondían, debido a que no había transcurrido el plazo establecido para el vencimiento de determinados pagos.

Otro elemento incorporado a la investigación y fallado por el Tribunal fue una nota del 23 de mayo de 2015, mediante la cual una entidad bancaria remitió copias autenticadas de cheques girados desde una cuenta de la empresa gestora a favor de Langton International Holding Limited.

Las transacciones correspondían al periodo comprendido entre 2011 y 2014 y sumaban $32,646,823.48. Según el expediente, los pagos realizados por el MEF a Cobranzas del Istmo habrían pasado por esa sociedad holding y posteriormente se habrían destinado a otras empresas relacionadas con Salerno. Entre las sociedades mencionadas figura Strategic Hotel Alliance, Inc., vinculada en los antecedentes del proceso con Cucalón.

Declaraciones de Salerno y Cucalón

Durante una declaración rendida el 22 de mayo de 2015, Salerno explicó el destino de varios cheques relacionados con las operaciones investigadas.

Entre ellos, mencionó uno por $150,000 a favor de él y de Ilkeston Associates, Inc., que describió como correspondiente a "gastos personales" suyos y de su esposa.

También se refirió a dos cheques por $3,018,199 a favor de Strategic Hotel Alliance, Inc., que, según declaró, fueron entregados a Luis Cucalón. Sobre otros pagos, mencionó $2,046,021.41 a Tropical Life Corporation, $385,000 a Cobranzas del Istmo y $900,000 a Corporación de Energía del Istmo, S.A., que afirmó haber entregado al expresidente Ricardo Martinelli, a solicitud de este.

En otra parte de su declaración, Salerno sostuvo que Cucalón lo contactó en tres ocasiones para solicitarle dinero mediante cheques a nombre de Strategic Hotel Alliance, Inc. Según su versión, esos pagos estaban relacionados con la agilización de las comisiones por los impuestos morosos cobrados por la empresa.

Al ser interrogado sobre el motivo de esos desembolsos, Salerno manifestó que Cucalón le indicaba las cantidades que debía entregar, aunque aseguró que no le explicaba cómo se calculaban ni por qué debían girarse a nombre de esa sociedad. También afirmó que consideraba excesivos los montos, pero que temía que, de no realizar los pagos, las comisiones no serían gestionadas oportunamente.

"Esta es la forma o personalidad del señor Cucalón, es una persona tajante, esto es lo que es y punto", expresó Salerno en su momento.

Por su parte, Cucalón rindió declaración indagatoria el 25 de mayo de 2015. Al ser consultado sobre si mantenía empresas, sociedades o bienes inscritos a su nombre, respondió que tenía empresas registradas a nombre de sus hijos, aunque afirmó que él era el verdadero propietario y que estas se dedicaban a inversiones.

En esa diligencia mencionó a Strategic Hotel Alliance, Inc., como una sociedad dedicada a inversiones en Panamá y en el extranjero, y a MB Pacific Village, que identificó como su apartamento. Las declaraciones forman parte de los elementos recogidos durante la investigación y corresponden a las versiones ofrecidas por los propios involucrados en esa etapa del proceso.

Condenas y proceso por blanqueo de capitales

Los antecedentes judiciales también hacen referencia a una sentencia condenatoria del 5 de enero de 2018 contra Salerno por los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, luego de que aceptara los cargos mediante un acuerdo de pena.

Según el documento, en ese proceso recibió una condena de 48 meses de prisión y el comiso de bienes o fondos por más de $20 millones. La pena de prisión fue reemplazada por 500 días multa, calculados a razón de $600 diarios, para un total de $300,000, pagaderos en cuatro meses.

Posteriormente, en el proceso por blanqueo de capitales, la sentencia de primera instancia declaró penalmente responsables a Luis Enrique Cucalón Uribe y Cristóbal Humberto Salerno Ballestas como autores de ese delito y les impuso 100 meses de prisión. También estableció la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo, una vez cumplida la pena principal.

El fallo incluyó a Dora Luz Morales Rodríguez entre las personas declaradas penalmente responsables como autora del delito de blanqueo de capitales y le impuso una pena de 80 meses de prisión. Como sanción accesoria, estableció la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, una vez cumplida la pena principal.

La sentencia sustentó la responsabilidad penal en la participación de los involucrados en operaciones destinadas a introducir en el sistema financiero fondos provenientes de actividades ilícitas y darles apariencia de legalidad.

Entre los aspectos valorados por el tribunal se mencionaron las operaciones comerciales, las transferencias de dinero y las relaciones entre las sociedades involucradas.