'Blue Apple', otro reto para la justicia

Ciudad de Panamá/Los inicios del caso Blue Apple, que establece una red de lavado de dinero que supuestamente involucra a funcionarios públicos, contratistas y entidades bancarias, se remontan a septiembre de 2017. El ocho de febrero de 2018 la Fiscalía Anticorrupción remitió las copias de los tomos de esta investigación, donde más de 50 personas están siendo imputadas por delitos contra el orden económico, la administración pública, la seguridad colectiva y la fe pública, ante el Órgano Judicial.

Previamente el Ministerio Público había solicitado que el caso fuese declarado causa compleja. El cinco de abril del 2018 el plazo para investigar fue extendido por seis meses más, lo que fue apelado por la defensa.

Luego de que el caso quedara temporalmente en suspenso 172 tomos del expediente fueron devueltos a la Fiscalía Anticorrupción por errores en los folios que fueron detectados por el Juzgado 18◦ del circuito penal de Panamá. Otro tropiezo en el avance del proceso.

El 29 de octubre de 2020 el Ministerio Público, a través de una asistencia internacional solicitada a las autoridades guatemaltecas, procedió a notificar a los hermanos Ricardo y Alberto Martinelli Linares, que actualmente se encuentran detenidos en una cárcel del cuartel Mariscal Zavala, de la realización de la audiencia preliminar.

La misma estaba programada inicialmente para el 19 de abril. Pero luego de que por los menos 11 abogados de los imputados se ausentaran se tuvo que recurrir a la fecha alterna, que había sido establecida para el cinco de agosto.

Además de los hermanos Martinelli Linares, también están imputados Giacomo Tamburelli, Federico José Suárez, Jaime Ford, Adolfo de Obarrio, Jorge Ruíz Sánchez, entre otros. Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, “en este caso funcionarios solicitaron coimas a contratistas que tenían adjudicadas licitaciones con el Estado para su propio beneficio, con lo que se pudo comprobar blanqueo de capitales por más de 40 millones, de los cuales hasta ahora el Ministerio Público ha logrado recuperar 32 millones de balboas”.

Entre los contratistas que participaron del esquema ilícito estuvo la constructora Meco, de Costa Rica. Con el propósito de determinar la forma cómo la empresa se adjudicó millones de dólares en contrataciones estatales, el Ministerio Público pidió información en junio a la fiscalía costarricense como parte de un acuerdo de cooperación entre ambos países.

Según el diario “La Nación”, de Costa Rica, el presidente de Meco, Carlos Cerdas Araya, que se encuentra detenido después de que un tribunal anulara la fianza que le permitió disfrutar de una fugaz libertad, firmó en 2007 un convenio de colaboración con una fiscalía panameña dentro de la investigación de “Blue Apple”.

Es por ello que, a pesar del pago de sobornos para “agilizar trámites y desembolsos por los avances de proyectos de infraestructura pública”, incluyendo el caso de un funcionario del Ministerio de Obras Públicas que recibió 9.4 millones de dólares, el convenio suscrito “dispone no formular cargos en contra del señor Carlos Enrique Cerdas Araya”. Ni en contra de MECO.

Opinión de los expertos

Complejo y emblemático, dos referencias que enmarcan el caso Blue Apple, según el presidente de la Fundación Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, Carlos Barsallo.

Sobre sus expectativas en el desarrollo de este caso, Barsallo sostuvo que, “a parte del circo que se tiene montado con el caso Pinchazos”, este sería realmente el primer caso donde se entrará a ver si la segunda parte del sistema comienza a funcionar.

Es decir, que luego de que el Ministerio Público ha levantado un caso en la etapa investigativa y tiene cientos o miles de hojas, folios y expedientes, ahora le toca a la parte judicial, determinar si todo lo investigado pasa por esta prueba judicial, según explicó.

De acuerdo con Barsallo, es con lo se debe dar inicio hoy sin más retrasos, “porque ya todas las excusas se deben haber terminado y la tercera ocasión debe ser la vencida”.

“La mesa está servida para que empiece el proceso que debe ser completamente público”, dijo el jurista.