Dudosas libertades, José Ayú Prado y el polémico Juzgado Cuarto

La liberación de 25 personas acusadas de presunto narcotráfico es apenas uno de varios casos polémicos que han sucedido en el Juzgado Cuarto Penal y en los que incluso se ha visto involucrado el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado.

Dos días antes de que el presidente de la República Juan Carlos Varela enviara un mensaje al Órgano Judicial para que los jueces no liberen a peligrosos criminales, el Juzgado Cuarto Penal ordenó la libertad de 25 personas entre panameños, mexicanos y hondureños que presuntamente lideraba una red de narcotráfico que enviaba droga a Estados Unidos y México.

No permitan que los jueces empañen la imagen del sistema de administración de justicia dejando en libertad a peligrosos criminales que amenazan al país", dijo Juan Carlos Varela.

Yoideth Chirú, jueza cuarta de circuito penal suplente, firmó el fallo del 28 de junio de este año que declaró la nulidad del caso por supuestos errores de la Fiscalía Primera de Drogas al momento de realizar las intervenciones telefónicas en la investigación.

Al día siguiente, Chirú emitió las boletas de libertad para los acusados y su decisión se hizo pública hoy miércoles 6 de julio.

Chirú es secretaria del Juzgado Cuarto Penal y ejerce de jueza suplente cuando se ausenta la titular de ese despacho, Celia Bonilla de Duncan.

¿Coincidencias?

La decisión de Chirú se dio casi de manera simultánea a la libertad ordenada al supuesto pandillero Danyelo Dayan Ramírez, por parte del juez séptimo penal, Felipe Fuentes, y que fue el motivo de los cuestionamientos del presidente Varela.

Por una amenaza de muerte que recibió Ramírez, el juez Fuentes le concedió una medida de protección que permitió que el supuesto pandillero saliera de la cárcel el 3 de junio de este año, pero permanece en su casa custodiado por la PN.

El mismo 29 de junio de este año- día en que Chirú liberó a los supuestos narcotraficantes- se conoció que el juez Fuentes había ordenado quitar la custodia de la Policía Nacional (PN) a la residencia de Ramírez en Cerro Viento y dejarlo en libertad mientras se resuelven dos recursos de apelación.

Tanto el presidente Varela, como el ministro de Seguridad Alexis Bethancourt y el director de la PN, Omar Pinzón, criticaron la liberación de Ramírez.

Pese a la orden del juez Fuentes, la PN sigue custodiando la casa de Ramírez y no le permite salir, según confirmó su abogado Kevin Moncada.

"Hemos ido a varias notarías para que acudan a la casa de Danyelo Ramírez y certifiquen que la policía no ha cumplido la orden del juez, pero nadie se atreve a hacerlo", dijo Moncada.

Presidente dice que fue amenazado

El mensaje de Varela a los jueces para que no liberen a criminales, se dio en su discurso a la Nación del pasado 1 de julio en la Asamblea Nacional, luego de la escogencia de la directiva del Órgano Legislativo.

Lo que el presidente no sabía era que dos días antes, la jueza suplente Chirú había liberado a 25 presuntos narcotraficantes.

En un acto público de hoy miércoles 6 de julio, sin mencionar nombres, Varela manifestó que ha recibido amenazas de parte de uno de los supuestos criminales liberados recientemente.

Una persona que, abiertamente, me envió amenazas personales, en un momento dado, cuando estaba recluido. Yo no voy a aceptar eso. Entonces, me toca como Jefe de Estado compartir con el pueblo y con las autoridades competentes esta situación", señaló Varela.

Aunque no mencionó nombre, se entiende que Varela se refería a Ramírez. Por esa razón, el abogado Moncada negó rotundamente que Ramírez haya amenazado al mandatario.

Antecedentes polémicos

Sin embargo, la liberación de estos 25 presuntos narcotraficantes, no es el único caso polémico que se ha dado en el Juzgado Cuarto Penal.

El antecesor de Duncan, el exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros, renunció el 1 de abril de 2014, tras recibir presiones de cuatro magistrados para fallar a favor de los amigos y allegados del expresidente Ricardo Martinelli.

Ballesteros denunció en la Asamblea Nacional a Ayú Prado; a los magistrados Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta; y al exmagistrado Alejandro Moncada Luna, por presionarlo para fallar a favor de Martinelli. Esta denuncia está pendiente de resolver en el Legislativo.

La acusación y renuncia, se dio en momentos en que Ballesteros fue objeto de un proceso disciplinario que terminó en su destitución, al ser señalado de presuntamente liberar a personas acusadas de narcotráfico.

El 21 de marzo, Ballesteros fue destituido por haber hecho declaraciones en los medios de comunicación.

No obstante, ese despido no quedó en firme al estar pendiente un recurso de reconsideración de Ballesteros y mientras eso se resolvía, el exjuez decidió renunciar. Nunca se llegó a probar las supuestas irregularidades en la liberación de narcotraficantes.

Antes de Ballesteros, el exjuez cuarto penal Silverio Rodríguez renunció el 6 de mayo de 2013 en medio de una investigación por supuestas irregularidades en permisos de salida del país dados al exdirector del Servicio Marítimo Nacional Ricardo Traad Porras y a Stephen Jones, acusado de supuesto pago de sobornos para la aprobación, en 2001, del contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).

La renuncia de Rodríguez se dio casi obligada, porque era investigado por el Ministerio Público tras una denuncia de Ayú Prado presentada el 8 de abril de ese año, cuando apenas tenía tres meses de ser magistrado de la CSJ.

Otro caso de alto perfil del Juzgado Cuarto es el del exmagistrado del Tribunal Superior de Azuero, Dulio Arrocha, acusado desde el año 2006 de supuesta falsificación de su diploma de abogado.

El entonces juez Silverio Rodríguez llamó a juicio a Arrocha el 4 de octubre de 2012 y a la fecha, aún no se ha realizado la audiencia. El expediente está en la Sala Penal pendiente que se resuelva un recurso de casación que interpuso Arrocha.

Por su parte, el denominado caso del "narcoescándalo" en el Ministerio Público tampoco ha sido concluido por el Juzgado Cuarto Penal.

El "narcoescándalo" se dio a conocer públicamente a finales del año 2010, cuando la entonces fiscal de drogas de Herrera y Los Santos Milagros Valdés, dejó en libertad a cuatro acusados de narcotráfico y delitos relacionados con droga tras el hallazgo de una avioneta modificada y con rastros de estupefacientes, que estaba en una finca en La Hondita, de Los Santos.

Estos hechos provocaron la renuncia del entonces procurador de la Nación Giuseppe Bonissi y Valdés fue removida del cargo. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) dio la alerta sobre la irregularidad.

Además se inició una investigación contra la exjefa de recursos humanos del Ministerio Público (MP), Eva Lorentz, la fiscal Valdés, la exsecretaria general del Ministerio Público Nedelka Díaz y su hijo Angel Castillo, el abogado Alcibiades Ballesteros y los cuatro acusados Miguel Angel Castillo Peralta, Angel Castillo Domínguez, George Guillén y Avelino Ríos.

El caso está en el juzgado cuarto penal desde el 14 de octubre de 2014 y la audiencia preliminar esta programada para el 27 de julio próximo.