Ayú Prado confía en que la Asamblea cumplirá con su deber
Las diferencias en el Palacio de Justicia, Gil Ponce, han pasado de las faldas del Cerro Ancón, hasta la Asamblea Nacional de Diputados (AN), escenario que debe decidir sobre la denuncia presentada contra el magistrado Harry Díaz por sus colegas José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega.
La denuncia presentada contra Díaz la tarde del miércoles 20 de enero por faltas graves a la ética judicial, está en manos de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, quienes tienen la responsabilidad de darle seguimiento a la misma.
Consultado sobre la denuncia presentada, el Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado aseguró que no van a presionar a la Asamblea Nacional y confían en el trabajo que hará este órgano del Estado.
“Independientemente de lo que decida la Asamblea, sea adelante, hacia atrás, hacia arriba (…) Nosotros cumplimos con nuestro deber y nosotros vamos a confiar en que ellos también cumplan con su deber”, destacó el jefe del órgano Judicial.
Ayú Prado dijo que la copia de la denuncia se la hizo llegar al Magistrado Díaz para que no se enterara de la misma a través de los medios de comunicación"
Las diferencias a lo interno de la Corte empezaron, luego que el magistrado Díaz, donde señalara que a lo interno de la CSJ existen casos de corrupción y que hubo intromisiones para la escogencia del presidente de la Corte, donde resultó reelecto por un periodo más (2016-2017) Ayú Prado, así como en los demás puestos directivos de este órgano del Estado.
Ley infringida y sanciones
En la denuncia se plantea que entre las normas presuntamente infringidas por Harry Díaz están el numeral 22 del artículo 191 de La Ley de Carrera Judicial, que señala que "quien falte de palabra, por escrito o de obra, el respeto a sus superiores, inferiores o iguales o censure injustificadamente su conducta oficial" comete una falta grave.
La norma menciona 22 faltas graves, una de ellas es revelar fuera de los casos legalmente establecidos hechos o actos de los que conoce el servidor público en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 197 de la ley establece cuatro tipos de sanciones para los servidores públicos.
Una de estas es la destitución que solo puede aplicarse cuando se trata de faltas gravísimas, entre las que están: Que el funcionario otorgue a las partes o a terceras personas opiniones, consejos, indicaciones o información confidencial en relación con asuntos pendientes en su despacho.
También se incluye revelar hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función que causen algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona.
Otras sanciones que podrían aplicarse a Díaz tienen que ver con la comisión de faltas graves, según la ley podrían multarlo, suspenderlo del cargo o privarlo de su salario.