Audiencia del caso Blue Apple no se realizará este martes

Panamá/El caso Blue Apple debía ir a juicio este martes, pero fue suspendido porque la defensa presentó un recurso.

 

Unos 78 millones de dólares, ese es el monto que, según el Ministerio Público, saltaron de las cuentas del estado a los bolsillos de un puñado de exfuncionarios de la administración de Ricardo Martinelli en concepto de sobornos por obras.

 

Ocurrió a través de un entramado financiero en el que se destaca una cuenta bancaria llamada Blue Apple.

 

Después de cuatro años de investigación, parecía que este caso de corrupción finalmente le llegó la hora del juicio.

 

Ahora resulta que un recurso interpuesto contra la decisión de la jueza de no aceptar una prueba ha paralizado el proceso y mandarlo a un tribunal para que decida.

 

Algunos abogados aseguran que esto no es más que una estrategia para dilatar.

 

Juan Carlos Arauz, presidente del Colegio de Abogados de Panamá, expresó que “cuando un abogado activa un mecanismo de impugnación surge la responsabilidad en el juzgador para evaluar si el recurso y tiene la obligación de determinar si es un abuso del derecho o tiene un uso legítimo”.

 

El juicio debía empezar este martes, pero ahora toca esperar que el tribunal que recibió el expediente para decidir si la jueza actuó o no en derecho lo devuelva.

 

El juzgado llamó a 26 personas a juicio, entre ellas banqueros, exministros y altos funcionarios de la administración Martinelli, así como a sus dos hijos, Luis y Ricardo Alberto.

 

De los 78 millones dólares que habrían sido robados al estado, el Ministerio Público ha recuperado 33 millones.

 

El caso

La audiencia original de Blue Apple debía haberse realizado el mes pasado, pero fue suspendida tras no concretarse una asistencia internacional de notificación para dos de los involucrados en esta investigación que se remonta al 2017.

El modus operandi descrito por el Ministerio Público es el siguiente: entre 2010 y 2014 un grupo de funcionarios públicos supuestamente recibieron sobornos de parte de contratistas estatales. De esta forma empresas como Meco, Conalvías, Rodsa, Bagatrac, entre otras, presuntamente se aseguraban la “concesión de varios proyectos de construcción”.

Según reportes periodísticos, parte de las coimas eran recibidas por la sociedad Corporación de Energía del Istmo, vinculada a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. La investigación apunta a que dicha sociedad fue empleada para canalizar los dineros aportados por las constructoras, que debían pagar entre el 5% y el 10% del monto de los contratos firmados con el Ministerio de Obras Públicas.  

Por lo menos dos empresas contratistas, Conalvías y Rodsa, efectuaron pagos a Corporación de Energías del Istmo, mientras Jaime Ford fungía como ministro de obras públicas. También se recibieron fondos -$1.2 millones- a través de cheques girados por las sociedades Nightmare Overseas y Corporación Libuma, S.A.

Estas sociedades fueron empleadas, según la fiscalía, para “blanquear” $4.2 millones a favor de Corporación de Energías del Istmo, para lo que se emplearon las sociedades Bosques Arrecifes y Corales del Atlántico, S.A.

Otra contratista que presuntamente participó en la corrupción fue Rodsa, que, de acuerdo con la vista fiscal, en 2014 aportó tres cheques de gerencia a favor de Corporación Energía del Istmo, por un total que excede los $2 millones.

Las coimas fueron lavadas a través del “sistema bancario local e internacional con el propósito de darles apariencia legítima”. Uno de los métodos empleados para este fin fue un “factoring estructurado”, una opción de financiamiento mediante el cual una empresa traspasa las facturas emitidas a su favor a cambio de cierta cantidad de dinero. Fueron más de $40 millones “blanqueados”, de los cuales las autoridades han logrado recuperar $32 millones.

De acuerdo con Edwin Juárez, fiscal superior anticorrupción, el Ministerio Público está “solicitando una sentencia condenatoria” por los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita y corrupción de funcionarios públicos.

A principios de mes, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no admitió una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares, imputado en esta causa junto a su hermano Luis Enrique Martinelli Linares. Ambos fueron requeridos por este caso hace aproximadamente un año a las autoridades de Guatemala, país que posteriormente los extraditó a Estados Unidos, donde actualmente cumplen condena, pero no por “Blue Apple” sino por el entramado de corrupción de Odebrecht.

Por “Blue Apple” también fueron investigados los exministros Federico Suárez y Jaime Ford, y el secretario privado del expresidente Martinelli, Adolfo “Chichi” de Obarrio, entre otros.

Con información de Nicanor Alvarado