Autoridades logran las dos primeras condenas en la operación Selva; 11 personas quedaron detenidas

Ciudad de Panamá, Panamá/Tras cuatro días de audiencia en el Sistema Penal Acusatorio, contra 18 implicados en la Operación Selva, la juez de garantías América Vergara concedió dos acuerdos de pena, 11 detenciones provisionales y 5 medidas cautelares distintas a la detención preventiva.

Los acuerdos de pena fueron acordados con el Ministerio Público, razón por la cual la juez de garantía emitió la sentencia No. 501 de 23 de marzo de 2025, y declaró penalmente responsable a Edgar Israel Campbell y Jean Carlos Monterrey Palacio.

A Campbell se le impuso la pena de 60 meses de prisión y como pena accesoria el pago al Tesoro Nacional de mil balboas, en razón de multa.

Igualmente, su defensa solicitó una sustitución de la pena por trabajo comunitario en el Municipio de Portobelo, provincia de Colón, los martes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Además de no portar armas de fuego, abuso de bebidas alcohólicas y uso de sustancias.

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En ese sentido, la representación del Ministerio Público no se opuso a la solicitud de la defensa de Campbell, por lo que la juez Vergara lo validó.

Mientras tanto, a Monterrey Palacio se le condenó a la pena de 48 meses de prisión y como pena accesoria el pago de 200 balboas, pagadero en 12 meses al Tesoro Nacional.

Sin embargo, la defensa de Monterrey solicitó a la juez el cambio de pena para su representado por días multa; es decir, a 500 dólares por dos días, lo que al final tendría que pagar al Tesoro Nacional mil doscientos dólares. La Fiscalía de Drogas tampoco se opuso a dicha petición, en razón de que Monterrey es delincuente primario y cumple con los presupuestos que establece el Código Procesal Penal de la República de Panamá.

La audiencia se desarrolló hasta altas horas de la noche de ayer, domingo, con la sustentación del fiscal Joseph Ríos, al solicitar a la juez la detención preventiva de 14 de los 16 implicados.

En ese sentido, la jueza, al escuchar los descargos de los abogados defensores, entró a valorar todo lo expuesto en oralidad por las dos partes y resolvió conceder cuatro medidas cautelares y 12 detenciones provisionales.

Los beneficiados con medidas cautelares fueron: Emili Gómez, quien supuestamente asesoró financieramente a varios de los implicados para introducir dinero fragmentado proveniente de actividades ilícitas, valiéndose de su posición en un banco de la localidad. Deberá reportarse los miércoles de cada semana; se le impidió salir del país, reunirse y comunicarse con los implicados presencial o por medios tecnológicos.

Edwin Imar Espino, abogado que abrió las dos sociedades anónimas investigadas por presuntamente dedicarse a actividades de blanqueo de capitales, fue otro de los beneficiados, pero no se le impusieron medidas restrictivas.

Mientras tanto, Luis Carlos Giraldo deberá reportarse los 15 y 30 de cada mes, no podrá salir del país y reunirse o comunicarse con los imputados.

Igualmente, Yerisbeth Martina Bishot, a quien se le impuso depósito domiciliario y prohibición de salida del país.

A Angélica Giraldo Marshall se le impuso arresto domiciliario, en razón de que presenta cirugías estéticas, pero la fiscalía anunció su apelación.

Ante las detenciones provisionales que le concedió la juez al Ministerio Público de los 11 detenidos, sus abogados defensores anunciaron apelación, misma que se le dispuso como fecha de audiencia el próximo 8 de abril del presente año a las 8:30 a.m.

La operación Selva inició en septiembre de 2023 tras el decomiso de cuatro toneladas de cocaína y en donde las autoridades identifican al colombiano Jorge Esteward Navarrete Henao, como el líder de este grupo criminal.

La investigación dirigida por las autoridades da cuenta de la captura en ciudad de Panamá de Navarrete Henao, el 25 de noviembre del año pasado y requerido por Estados Unidos, por lo que está próximo a ser extraditado. Además de que no solo se le acusa de dirigir la organización, sino también de custodiar y almacenar caletos de drogas en fincas en la provincia de Colón y en la ciudad de Panamá.

La fiscalía, bajo la operación Selva, ha identificado cinco momentos claves para relacionar a estas 18 personas en el delito de conspiración para delinquir y blanqueo de capitales, al utilizar dos empresas para la adquisición de bienes e introducir dinero ilícito en el sistema bancario panameño.

Para desarticular esta red, las autoridades se valieron de seguimiento y vigilancia, escuchas telefónicas y transcripción de audios entre los implicados en periodos establecidos que datan de 2023 hasta el 2025.

El Ministerio Público cuenta ahora con seis meses para robustecer esta investigación y dar con la captura de otros cuatro sujetos que están prófugos.