El acuerdo de la Fiscalía: multa de más de mil dólares y exfuncionarios de Ipacoop no van a prisión

El acuerdo de pena que pactó la Fiscalía Anticorrupción con los cinco condenados por ejercer cargos como "botellas" en el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), fue por una multa de poco más de mil dólares y así evitaron la cárcel, según confirmaron fuentes oficiales del Órgano Judicial.

El pasado lunes 21 de septiembre, siete personas asistieron a la audiencia de imputación y aplicación de medidas cautelares en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, por delito contra la administración pública, en la modalidad de "botella".

Ese día el Ministerio Público informó en Twitter que se habían condenado a cinco de los siete imputados a 200 días multa, mediante un acuerdo de pena. Sin embargo, el monto del dinero a pagar no fue revelado.

Tras consultas formales, TVN Noticias conoció que durante esa audiencia, de los siete imputados, cuatro personas fueron condenadas a pagar mil dólares (a razón de 5 dólares por cada uno de los 200 días multa) y 300 dólares adicionales como pena accesoria. Es decir un monto total de mil 300 balboas que deben pagar al Tesoro Nacional en un plazo de 12 meses.

Mientras que la quinta persona fue condenada a pagar los mismos mil dólares de pena principal (a razón de 5 dólares por cada uno de los 200 días multa) y $150 de pena accesoria. Es decir, la multa total es de mil 150 balboas pagaderos igualmente en un plazo de un año.

Según lo establecido en la ley, los acuerdos de pena son pactados entre la Fiscalía y los imputados; ese acuerdo es presentado ante el juez de garantías que, una vez sea informado por las partes que no hubo presiones o corrupción al firmar el pacto, debe aprobar ese acuerdo sin cambiar el contenido del mismo.

Los condenados son Yisel Barría, Arabel Ernesto Herrera, Arabel Enrique García, Francisco Ortíz y Rigoberto García.

Por su parte, a las otras dos personas se le imputaron cargos y se le aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país. La fiscalía anunció apelación de esas medidas cautelares y la audiencia fue agendada para el 28 de septiembre próximo a las 10:30 de la mañana.

En febrero de 2019 el entonces contralor Federico Humbert, presentó una denuncia en el Ministerio Público luego que una auditoría que abarca el periodo del 2 de enero de 2014 al 31 de octubre de 2018, determinó una posible lesión al Estado por 934 mil 211 dólares.

El informe indicó que se nombró a personas que tenían dualidad de trabajos y funcionarios con cargos que no pudieron justificar. Asimismo había personal asignado a cooperativas privadas, entre otras irregularidades.