Abogados internacionales cuestionan a la Corte por el fallo que anuló el caso Finmeccanica
Juristas latinoamericanos consultados por Transparencia Internacional cuestionaron el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que anuló la parte medular de la investigación por la compra de $125 millones en radares a Finmeccanica, sobre la cual pesan denuncias de corrupción.
“La sentencia de la Corte Suprema no tiene explicación”, dijo el abogado chileno Ciro Colombara sobre el caso, en el que incluso ha sido involucrado al expresidente Ricardo Martinelli.
Para Colombara, analizada desde el derecho internacional y la convención de Naciones Unidas que Panamá ratificó en 2005, la sentencia de la magistrada Ángela Russo genera “impunidad”.
Dicha decisión libró de investigación al exministro de Seguridad José Raúl Mulino, que había sido detenido por el caso.
Panamá frente a los estándares internacionales
El argentino Hugo Wortman planteó, por su parte, que “no se han alcanzado los estándares internacionales en materia de violación del principio de plazo razonable” para investigar, denunciado por la defensa de Mulino.
La Corte Suprema de Justicia decidió echar abajo la investigación, dado que la fiscalía practicó pruebas fundamentales fuera del tiempo establecido por el Código Penal.
Sin embargo, Wortman sostiene que el caso de los radares no cumple los estándares internacionales, dado que la fiscalía sólo pudo investigar durante tres años, cuando el promedio en Latinoamérica es hasta de 15 años.
Para él, entonces, la justicia panameña “se ha olvidado” de un principio básico incluido en la convención de Naciones Unidas contra la corrupción –que en Panamá es la Ley 15 de 2005-, que establece “la necesidad de equilibrio entre prerrogativas a los funcionarios y la posibilidad de avanzar” en las investigaciones.
“Se ha olvidado este principio y no se ha sostenido ese equilibrio, priorizando la nulidad sobre la posibilidad de investigar la corrupción de manera eficaz y eficiente”, plantea Wortman.
Principio violentado
Desde Perú, el abogado Luis Vargas asegura que el hecho que un fiscal se pase del tiempo para investigar no puede ser utilizado como excusa para anular una investigación. Es un principio que en Panamá los juristas también han defendido.
“La Corte y la doctrina dicen que la consecuencia no es la nulidad sino obligar (a la fiscalía) a emitir pronunciamiento. Si la fiscalía se excede del plazo, cualquiera de los justiciables puede recurrir, pero éste solo puede ordenar que dé por concluida la investigación, pero no anular”, insiste Vargas.
Mulino se había quejado en la Corte, a través de un amparo de garantías, porque la fiscal Zuleyka Moore investigaba fuera de los términos.
Cuando el fallo propuesto por Russo se emitió, la fiscal Moore aún esperaba un pronunciamiento oficial de una segunda solicitud de prórroga para investigar el caso, denegada por el Juzgado Quinto de Circuito Penal de Panamá el 28 de octubre de 2015 y rechazada de plano por improcedente por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 16 de diciembre de 2015.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción elevó una segunda solicitud de prórroga el 16 de septiembre de 2015 advirtiendo que se trataba de una “investigación compleja”, unos días antes que se vencieran los 8 meses concedidos como término adicional.
