Wilfredo Sáenz y sus cuestionados fallos en el Segundo Tribunal

La nulidad de la investigación seguida a familiares y allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, es solo una de las tantas decisiones controversiales que en los últimos años ha tomado el magistrado del Segundo Tribunal Wilfredo Sáenz.

En la mayoría de los casos más recientes, ha favorecido a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, y en otras ha perjudicado a los adversarios del exgobernante.

Sáenz, designado magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia en el año 1996, además fue nombrado por Martinelli en 2010 como suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Abel Almengor.

Pese a la renuncia de Almengor en 2011, Sáenz aún sigue de magistrado suplente de Harry Díaz.

Expediente Moncada Luna

Apenas el mes pasado, el magistrado Sáenz fue criticado por ser ponente del reciente fallo del 23 de septiembre de este año, que declaró la nulidad y ordenó el archivo del proceso penal por blanqueo de capitales seguido a la esposa de Moncada Luna, María del Pilar de Moncada Luna y otras 13 personas acusadas de blanqueo de capitales. Esta investigación surgió del caso seguido a Moncada Luna luego que fue condenado a 5 años de prisión.

Sáenz, que fue allegado a Moncada Luna cuando éste fue presidente de la CSJ (2012-2013), manifestó en el fallo que la condena al exmagistrado, exime de responsabilidad a los otros involucrados. Además de archivar el caso, ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los bienes y dineros secuestrados.

Moncada Luna fue investigado y juzgado por la Asamblea Nacional, mientras que el resto de los vinculados fueron procesados por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

El fallo fue recurrido en casación (último recurso de apelación) por la Fiscalía y este debe ser atendido por la Sala Penal.

Caso Alma Cortés

Sáenz fue ponente de dos fallos que concedieron fianzas de excarcelación a la exministra de Trabajo Alma Cortés y al abogado Rubén Moreno, investigados por enriquecimiento injustificado.

Cortés salió de prisión en agosto pasado luego que Sáenz le concedió la fianza de 300 mil dólares en tiempo récord, apenas seis días después que la exministra presentó la apelación luego que el Juzgado Cuarto le negó en principio la fianza.

Moreno obtuvo una fianza de 100 mil dólares por parte del mismo Sáenz.

Benefició a Carretero y a Martinelli

La fianza a Cortés y Moreno no es la única dada por Sáenz. También concedió fianzas a los empresarios Roberto Carretero y Mario Martinelli, éste último hermano del expresidente.

El 22 de marzo, Sáenz no solo concedió la fianza a Carretero sino que rebajó el monto de la misma. De 500 mil dólares que había establecido el Juzgado Décimoquinto Penal, quedó en 300 mil balboas. Carretero es investigado por supuesto peculado en un contrato de compraventa de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En el caso de Mario Martinelli, el magistrado le concedió una fianza de 1 millón de dólares por el caso de la compra de mochilas escolares en el PAN.

Gilberto Boutin

Sáenz tuvo por 11 años el expediente seguido al abogado Gilberto Boutin por delitos de prevaricación y falsificación de documentos en perjuicio del empresario Marc Harris.

Boutin y los otros dos acusados Ariel Corbetti y Francisco Espino fueron condenados a prisión en el año 2005. Pero apelaron la condena y Sáenz nunca resolvió la apelación.

En su lugar, el magistrado Sáenz decretó la prescripción del caso el 2 de febrero de 2015. El 30 de mayo pasado, la Sala Penal archivó definitivamente el expediente al rechazar la casación.

Harris acusó a los abogados Boutin, Corbetti y Espino en el año 1997, porque ellos tres presuntamente gestionaron un embargo a cuatro de sus empresas, cuando las mismas estaban bajo un secuestro.

Adelag

El caso Boutin no ha sido su única prescripción. Sáenz también aplicó ese mismo criterio en el proceso por estafa y falsedad seguido a los hermanos Aquilino y Carlos De La Guardia, por la quiebra del Grupo Adelag.

Sáenz fue ponente del fallo del 20 de diciembre de 2013, que archivó el caso Adelag a pesar que desde el 2012, la Sala Penal condenó a los hermanos De La Guardia a 66 meses de prisión.

El magistrado argumentó que la Sala Penal de la Corte nunca se pronunció sobre el recurso de prescripción, pues esta solicitud se hizo después del fallo condenatorio.

Arnoldo Alemán

Y completando el trío de polémicos casos archivados, está el proceso por lavado de dinero seguido en Panamá al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán.

En el año 2010, Wilfredo Sáenz fue el ponente del fallo que anuló el caso a Alemán por doble juzgamiento, debido a que ya había sido absuelto por la justicia nicaragüense.

También ordenó devolver los 8.5 millones de dólares incautados en bancos panameños, a sociedades anónimas vinculadas a Alemán.

El 23 de octubre de 2013, la Sala Penal confirmó la decisión de Sáenz y el caso fue cerrado definitivamente.

Guillermo Ferrufino

La medida cautelar de país por cárcel, que permitió salir de prisión al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, fue firmada por Sáenz.

Este fallo tuvo como ponente al magistrado Secundino Mendieta, colega y amigo de Sáenz, quien firmó apoyando esta resolución.

Ferrufino está llamado a juicio en dos procesos penales, uno por enriquecimiento injustificado y otro por corrupción de funcionario público.

Javier Pariente

Sáenz también apoyó con su firma el fallo del 30 de mayo de este año, en que el Segundo Tribunal anuló la orden de indagatoria al empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar-empresa ligada a Martinelli.

Pariente fue citado a indagatoria por la Fiscalía Primera Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015, por el supuesto peculado en el contrato de 14.5 millones de dólares de la comida deshidratada en el PAN.

El fallo que declaró la nulidad de la indagatoria tuvo como ponente al magistrado Diego Fernández, que fue apoyado por Sáenz.

Balbina Herrera

Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero.

Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli.

El Segundo Tribunal revivió el caso en fallo del 18 de julio, que tuvo como ponente al magistrado Mendieta.

Exjuez Alexis Ballesteros

El 19 de marzo de 2014, el exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros, acusó directamente al magistrado Sáenz, de haberlo presionado para fallar a favor de los amigos del entonces presidente Ricardo Martinelli.

Los señalamientos de Ballesteros surgieron luego que Sáenz junto al magistrado Mendieta, le pidieron poner su cargo a disposición por no seguir la línea de fallar a favor de los amigos del entonces gobernante.

A raíz de esta situación, Ballesteros presentó una denuncia penal contra los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta.

Posteriormente, el 1 de abril de ese año, Ballesteros se vio obligado a renunciar por las presiones en su contra, debido a que fue objeto de un proceso disciplinario y habían decidido destituirlo del cargo.

La denuncia de Ballesteros aún sigue pendiente de ser resuelta en la Asamblea Nacional.

Juan Hombrón

Sáenz también firmó el fallo dictado por el Segundo Tribunal en el que se dio un sobreseimiento definitivo al proceso penal por la adjudicación de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, Coclé.

Este fallo fue dictado el 28 de febrero de 2013, y tuvo como ponente al magistrado Mendieta.

Las tierras de Juan Hombrón fueron cedidas en el año 2011, a sociedades anónimas vinculadas a la familia del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu.

Ana Matilde Gómez

Sáenz fue el ponente de un fallo que el 10 de agosto de 2010 condenó a la entonces Procuradora de la Nación y actual diputada Ana Matilde Gómez, a 6 meses de prisión por delito de abuso de autoridad y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En este caso, Sáenz actuó como ponente, en calidad de magistrado suplente de la CSJ (reemplazando a Almengor que se declaró impedido). La Corte fue la entidad encargada de enjuiciar a la exprocuradora Gómez, en un caso muy cuestionado.

El proceso a Gómez se dio por ordenar intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima.

Gómez nunca estuvo en prisión porque la condena fue reemplazada por 4 mil dólares en días multa. El dinero fue pagado por Carlos Zavala, para dejar sin efecto una campaña del abogado Miguel Antonio Bernal, que impulsó una iniciativa para recoger el dinero centavo a centavo.

No obstante, la condena sirvió para que Gómez fuese destituida del cargo de Procuradora y así el entonces presidente Martinelli designó a Giuseppe Bonissi como procurador.

Gómez salió electa diputada independiente, pero antes de tomar posesión del cargo enfrentó una audiencia en la CSJ el 30 de mayo de 2014, en la que se le rebajó la pena accesoria para ejercer cargos públicos a 6 meses.

Nuevamente Sáenz fue el encargado de leer ese veredicto.