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Procurador: 'es discriminatorio que haya una categoría especial para venezolanos'
El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declare inconstitucional la categoría especial para extranjeros venezolanos, incluida en el Decreto Ejecutivo 249 de 10 de junio de 2019, sobre regularización migratoria.
En el artículo 4 del citado decreto se establecen cuatro categorías para obtener el carnet migratorio de permanencia definitiva: nacionalidades con acuerdo de supresión de visado, nacionalidades sin acuerdo de supresión de visado, nacionalidades restringidas y nacionales de la República Bolivariana de Venezuela.
![Categorías migratorias establecidas en el Decreto 249 del 10 de junio de 2019.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 1 1"%3E%3C/svg%3E)
De esta manera, se le da una categoría especial a los venezolanos, que anteriormente no estaba contemplada en las leyes migratorias.
González Montenegro considera que esa categoría migratoria "es una violación constitucional, al existir discriminación y desigualdad bajo el tipo de tratamiento diferenciado, entre los nacionales extranjeros de la República Bolivariana de Venezuela, versus los otros ciudadanos extranjeros, sobre todo los de categoría de Nacionales sin acuerdo de supresión de visado".
El funcionario indicó que las regulaciones migratorias "no pueden contener distingos, tratamiento especial o diferenciado en el mismo acto jurídico administrativo".
El procurador envió su opinión a la Corte Suprema el pasado 11 de julio, como parte de una de las cuatro demandas de inconstitucionalidad que presentó el pasado 17 de junio, la diputada del PRD y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez.
El Decreto Ejecutivo 249 del 10 de junio de 2019, firmado por el expresidente Juan Carlos Varela y el exministro de Seguridad Jonattan del Rosario, establece los requisitos para que los extranjeros obtengan su permanencia definitiva cuando hayan obtenido la renovación del carnet migratorio de 10 ó 6 años.
La demanda de inconstitucionalidad presentada por la diputada Rodríguez contra el artículo 4 del mencionado decreto, tiene como ponente al magistrado Olmedo Arrocha, que fue nombrado en ese cargo por el expresidente Varela.
Esta demanda fue admitida, y debe ser resuelta por votación mayoritaria de los nueve magistrados de la Corte.
En estos momentos, se discute en la Asamblea Nacional un proyecto de ley propuesto por la diputada Rodríguez, para establecer un nuevo procedimiento para los extranjeros en Panamá.
