‘New Business’, ¿audiencia seguirá sin Martinelli?

Luego de una pausa de más de cuatro meses y un día antes que una corte neoyorquina decida la suerte de los hermanos Martinelli Linares, el próximo 19 de mayo deberá retomarse la audiencia preliminar del caso “New Business”, según lo dispuesto por la jueza tercera liquidadora Baloísa Marquínez después de suspender el proceso en enero.

De acuerdo con el abogado Carlos Barsallo la audiencia reiniciará sin la participación de Ricardo Martinelli, el más importante de los imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, que en el código penal panameño es sancionado con una pena de cinco a doce años de prisión.

El expresidente se acogió a un fuero electoral basado en su condición de presidente del partido Realizando Metas y que fue validado por un cuestionado fallo del Tribunal Electoral actualmente demandado por inconstitucional ante la Corte Suprema.

A pesar de las críticas que generó por parte de la sociedad civil y las acciones legales que objetan su constitucionalidad, Barsallo no espera que la resolución de estas demandas tenga un efecto inmediato en la audiencia preliminar programada para la otra semana, aunque si posteriormente. En este sentido, será la Corte Suprema de Justicia la que tendrá la última palabra.

El jurista prevé que la causa seguirá su proceso en el Juzgado Tercero Liquidador, concretándose así la solicitud de llamamiento a juicio para Aaron Mizrachi Malca, Iván Ramón Claire Arias, David y Daniel Ochy Diez, Nicolás Corcione Pérez Balladares, Gabriel Btesh Btesh y el resto de los imputados nombrados en la vista fiscal No. 65.

De acuerdo con este documento, el inicio de la investigación se remonta al 8 de febrero de 2017, cuando el diputado Jorge Iván Arrocha denunció supuestas irregularidades en la compra de Editora Panamá América S.A. (EPASA), que publica los diarios Crítica, Panamá América y Día a día.

Según la vista fiscal, dicha adquisición se efectúo a través de “un complejo esquema en el que intervinieron 18 personas jurídicas y cuatro personas naturales las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de cuarenta y tres millones novecientos doce mil ochocientos veintiocho dólares con noventa y cuatro centavos ($43,912,828.94), en la cuenta bancaria no. 01-12-000087-6 (posteriormente la numeración cambió a la no. 90-141-000030-8), perteneciente a la sociedad New Business Services Limited”.

A esta cuenta fueron desviados fondos provenientes de pagos a contratistas estatales y que fueron utilizados para la compra del paquete accionario de EPASA. El capital fue acumulado a través de un sinnúmero de transacciones, incluyendo montos que deberían cubrir compromisos financieros.

El efecto neoyorquino

Mientras en Panamá se anticipa una audiencia preliminar sin Ricardo Martinelli, quien, en opinión del analista José Stoute, fue el principal beneficiario de la compra de EPASA, en los Estados Unidos sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, podrían enfrentar penas entre 9 y 11 años por “lavar” fondos destinados a su padre.

Según Barsallo es poco probable que lo que se decida en una corte de Nueva York pueda tener algún efecto en el curso de las investigaciones que se le siguen a Ricardo Martinelli aquí, más aún, cuando son expedientes que el Ministerio Público ya entregó al Órgano Judicial para su evacuación.

De acuerdo con Stoute se desconoce si en Estados Unidos se revelará finalmente el nombre del familiar cercano a los hermanos Martinelli Linares y que ocupaba un alto cargo en el gobierno, o si serán conocidos los nombres del resto de los vinculados a la investigación por blanqueo de capitales utilizados por Odebrecht como parte de su estructura de pago de coimas.

¿Fuero o impunidad?

La estrategia legal de Martinelli ha sido evitar su presencia en los estrados, sea mediante fuero o certificados médicos o cualquier otra estratagema, y apostar a la prescripción del caso, fecha que, según el abogado y analista Rodrigo Noriega, sería el mes de marzo de 2023.

Lo que sí es indudable es que la forma cómo se han desarrollado los casos que involucran al exmandatario no tiene precedente en la jurisprudencia panameña y que todo parece indicar que Martinelli “va a continuar indemne de enfrentar a la justicia”, vaticinó el analista político.

Mientras el político evade la audiencia, el empresario Henri Mizrachi Kohen firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, reconociendo así su culpabilidad por participar en la compra de EPASA. Lo hizo a través de fondos aportados por empresas entre las que se encontraban contratistas estatales para pagar dos préstamos que la Caja de Ahorros le otorgó en 2010 y que supuestamente serían destinados a inversiones inmobiliarias.

La colaboración de Mizrachi Cohen fue validada por la jueza tercera liquidadora Baloísa Marquínez y permitió la recuperación de más de $9 millones en acciones de EPASA.

El abogado Rosendo Rivera, uno de los querellantes que retiraron su acusación durante el juicio de los “Pinchazos”, expresó que un fuero electoral no es equivalente a un resultado airoso en un proceso judicial. “Los fueros no son eternos. Entiendo que es por la escogencia de la junta directiva del partido que acaba de formar… eso eventualmente va a desaparecer”, planteó.

Aclara que Martinelli no ha sido sustraído del proceso, por lo que una vez que el fuero le sea levantado deberá “enfrentar la causa”. El jurista se opone a que los políticos gocen de “especialidades” o de procesos selectivos, ya que la justicia debe ser igual para todos, subraya.