Fiscalía pide a Interpol que emita 'alerta roja' para ubicar a 4 empresarios por caso Moncada Luna

La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas, envío una solicitud de "alerta roja" a la Interpol para que ubisque a los empresarios Óscar Rivera, Francisco Feliu Nigagloni, Mauricio Ortíz Quesada y Claudio Poma Murialdo, vinculados a la investigación seguida al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna por el caso de supuesto blanqueo de capitales.

Se trata de millonarias cuentas que no están a nombre de Moncada Luna, pero según la investigación del proceso que se le siguió en la Asamblea, sí recibió beneficios de las mismas, la mayoría a nombre de empresas que obtuvieron contratos en el periodo en que éste fungió como presidente de la CSJ.

Este martes, 1 de septiembre, la Fiscalía giró una orden de detención preventiva contra estos cuatro empresarios que tendrían que ver con las cuentas del exmagistrado de la CSJ, quien cumple una pena de prisión de cinco años por enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos.

La fiscalía busca determinar si ellos fueron partícipes de los delitos que motivaron el juzgamiento de Moncada Luna.

El exmagistrado compró durante su administración en la CSJ dos apartamentos en la ciudad de Panamá, por un monto superior a 1.7 millón de dólares.

El fiscal que llevó esta causa en la Asamblea Nacional, donde se hizo el juzgamiento, determinó que los bienes de Moncada Luna no eran cónsonos con las capacidades económicas del exmagistrado y su esposa.

Incluso, un informe presentado por la Contraloría General de la República señala que hubo un diferencial de 2 millones 94 mil dólares con respecto a sus capacidades económicas.

Según una investigación de la Fiscalía, desde enero de 2010 hasta octubre de 2014, el exmagistrado había devengado un salario de 571 mil 531 dólares, sin incluir deducciones, esto tomando en cuenta los registros de la Dirección General de Ingresos.

Moncada Luna cumple una condena de cinco años de prisión en la cárcel El Renacer, además, quedó inhabilitado por cinco años para el ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la pena de prisión.