Tras seis meses, EEUU no se pronuncia sobre solicitud de extradición de Martinelli

Seis meses después que el Gobierno de Panamá solicitó a Estados Unidos (EEUU) la extradición y arresto del expresidente Ricardo Martinelli, no hay respuesta del país norteamericano y el exgobernante sigue en Miami mientras que el proceso penal de los pinchazos telefónicos está paralizado.

Una vez solicitada la extradición de Martinelli, la embajada de EEUU en Panamá debe enviar la documentación al Departamento de Estado y éste a su vez remitirlo a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Posteriormente, un juez de Miami deberá evaluar si es viable la extradición y el caso sería debatido en una audiencia, en la que Martinelli podrá defenderse y ejercer recursos legales.

Pero hasta el momento, se desconoce si todo lo anterior ha ocurrido.

Desde el 27 de septiembre del año pasado, la Cancillería entregó a la embajada de Estados Unidos en Panamá la solicitud de extradición y arresto de Martinelli, que actualmente vive en Miami.

La extradición fue pedida por el magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía el 26 de mayo, quien entregó la documentación ante la Cancillería panameña, entidad que debe gestionar la extradición.

Sin embargo, el trámite se retrasó debido a que dos meses y después, es decir, el 4 de agosto, la Cancillería comunicó que debían entregar un “affidavit” que es una síntesis del caso en lenguaje simple y evitando el uso de palabras técnicas que sean de difícil traducción.

Ese “affidavit” era un requisito de Estados Unidos para las peticiones de extradición. El documento fue elaborado por el magistrado fiscal del caso Harry Díaz y entregado a la Cancillería el 23 de septiembre por el magistrado Mejía.

Cumplido el requisito, la Cancillería formalizó la petición de arresto y extradición.

La extradición se pidió luego que el 21 de diciembre de 2015, el pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención provisional de Martinelli, para que se pueda llevar a cabo la fase de imputación y acusación en su contra por el caso de los pinchazos telefónicos.

Mejía pidió arresto para Martinelli por delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial; seguimiento, persecusión y vigilancia sin autorización judicial; peculado por sustracción o malversación; y peculado de uso.

Previo a esto, el 11 de diciembre de ese mismo año, el magistrado Mejía declaró en rebeldía a Martinelli debido a que no se presentó a la audiencia donde se iba decidir la imputación y acusación en su contra.

Y el magistrado fiscal Díaz solicitó el arresto de Martinelli, que cómo se dijo fue ordenado por la CSJ 10 días después.

Para que se pueda dar la imputación y acusación a Martinelli bajo el sistema penal acusatorio, es necesario que esté presente físicamente.

Además de la extradición, el magistrado Mejía pidió una alerta roja a Interpol el 28 de junio pasado para lograr la detención de Martinelli.

La investigación a Martinelli por los pinchazos telefónicos que se dieron durante su gobierno, fue admitida por el pleno de la CSJ el 8 de junio de 2015.

Posteriormente el 13 de agosto de 2015, el magistrado Díaz inició formalmente la investigación, tras cumplir con los trámites de notificación y verificación en el Tribunal Electoral, para saber si Martinelli gozaba de fuero electoral.

El 10 de octubre de 2015 (un día después de haber cerrado la investigación), Díaz presentó la formulación de acusación contra Martinelli (saltándose la imputación), pidiendo juicio y 21 años de prisión para el expresidente.

Junto con la acusación, Díaz pidió una alerta azul a Interpol para que se comunicara a Martinelli del proceso penal.

Antecedentes

La investigación del escándalo de los pinchazos telefónicos inició el 29 de julio de 2014 en la Procuraduría de la Nación. Sin embargo, el caso fue dado a conocer públicamente el 12 de enero de 2015, cuando en horas de la madrugada, la Fiscalía Auxiliar llevó a cabo varios allanamientos en la ciudad capital y ordenó la detención de los exsecretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz.

Se comprobó que desde la planta baja del edificio 150 de Quarry Heights, en Ancón, donde funciona la sede del CSN, se ejecutaron las interceptaciones en teléfonos celulares, correos electrónicos, mensajes de texto y computadoras, presuntamente siguiendo órdenes del entonces presidente Martinelli.

Poco más de 150 personas, entre políticos de oposición, empresarios, funcionarios de gobierno, dirigentes sindicales y periodistas fueron víctimas de espionaje en el gobierno anterior.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada continuó el caso y concluyó las investigaciones en abril de 2015. Pérez, Garuz, Ronny Rodríguez y William Pitti están llamados a juicio desde el 28 de agosto de 2015 por delito contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y a la fecha el Juzgado Décimosexto Penal no ha llevado a cabo la audiencia.

Pitti y Rodríguez, que están prófugos de la justicia, trabajaban en el CSN y eran los que presuntamente ejecutaban el espionaje y rendían informes al presidente Martinelli.

El 15 de enero de 2015, la fiscalía envió a la CSJ las querellas penales por los pinchazos, que involucraban a Martinelli.

Por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Martinelli solo puede ser investigado y juzgado por la CSJ.

Entre los querellantes del caso seguido a Martinelli están: Mitchell Doens, Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro, Mauro Zúñiga; el abogado Rosendo Rivera Botello, Miguel Antonio Bernal, el periodista Rubén Polanco, la diputada Zulay Rodríguez, el exdiputado Yassir Purcait, entre otros.