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Ejecutivo revoca designaciones de magistrados tras falta de ratificación por la Asamblea
Con esta decisión, la gestión Mulino contará con magistrados dentro del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
Ciudad de Panamá, Panamá/El Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, dejó sin efecto el nombramiento de Andrés Wong como magistrado principal y Jaime Vigil como magistrado suplente del Tribunal Administrativo de la Función Pública, mediante un nuevo Decreto Ejecutivo.
De acuerdo con el documento firmado por el mandatario el 19 de diciembre y publicado ayer lunes en la Gaceta Oficial 30183-A, esta decisión se tomó luego de que la Asamblea Nacional devolviera la documentación correspondiente sin ratificar a los designados.
![Andrés Wong, trabajó como asesor en la presidencia de la República, cuando gobernaba Cortizo.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 444 444"%3E%3C/svg%3E)
La Comisión de Credenciales de la Asamblea había solicitado en abril al pleno ratificar a los designados, pero el tema nunca fue abordado.
Según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 9 de 1994, los magistrados nombrados por el Órgano Ejecutivo deben ser ratificados por la Asamblea Nacional para que sus designaciones sean válidas. Sin esta ratificación, los nombramientos efectuados el 26 de marzo de 2024 por el entonces presidente Laurentino Cortizo quedaron anulados.
La Asamblea Nacional, en una nota fechada el 17 de julio de este año, señaló que no procedería con las ratificaciones, generando la necesidad de revertir las designaciones”, se lee en el Decreto Ejecutivo 527 del 19 de diciembre de 2024.
Por su parte, el artículo 34 de la misma ley establece que el Tribunal Administrativo de la Función Pública debe estar integrado por tres magistrados y sus respectivos suplentes, designados de la siguiente manera: dos por el Órgano Ejecutivo y uno por la Asamblea Nacional.
Con base en la Ley 9 de 1994, y tras la revocatoria de estas designaciones, los cargos serán sometidos a concurso público, con el objetivo de "garantizar mayor transparencia y apego a los principios de meritocracia en el proceso de selección".
Los puestos en el Tribunal Administrativo quedarán vacantes hasta que se complete el proceso de selección mediante concurso.
El Tribunal Administrativo de la Función Pública, que inició operaciones en junio de 2018, fue una de las innovaciones de la Ley 23 del 12 de mayo de 2017, que regula la carrera administrativa. Este tribunal debe estar conformado por tres magistrados y sus suplentes.
![Parte de la revocatoria de las designaciones hechas por el expresidente Cortizo.](data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 9"%3E%3C/svg%3E)
La convocatoria de selección
El pasado 11 de diciembre, antes de dejar sin efecto las designaciones hechas por Cortizo, el Ministerio de la Presidencia, liderado por Juan Carlos Orillac, anunció una convocatoria pública para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Administrativo de la Función Pública.
Puede leer: El Ministerio de la Presidencia abre convocatoria para magistrado del Tribunal Administrativo de la Función Pública
Cabe recordar que la Asamblea Nacional nombró en 2018 a Nelly Edith González Hernández como magistrada, una de sus funcionarias más antiguas, y a Martín Wilson como suplente, hijo de Jerry Wilson, exdiputado y exasesor legal de la Asamblea.
En marzo pasado, tras una terna presentada por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, la anterior administración designó a Carlos Rogelio Ayala Montero como magistrado principal y a Lyda Angélica Rodríguez Baso como suplente. Dichas designaciones se registraron en la Gaceta Oficial 30018-B Digital del jueves 25 de abril de 2024.
