¿Corrupción bajo la lupa?: las denuncias presentadas por el gobierno de Mulino

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante las últimas semanas, el gobierno de José Raúl Mulino ha cambiado de la denuncia pública a la acción directa, presentando denuncias penales ante las autoridades pertinentes.

El presidente Mulino ha expresado claramente su posición a sus ministros, alentándolos a presentar cualquier caso de corrupción o, de lo contrario, a callar para evitar que la lucha contra la corrupción se convierta en un simple "banderín político".

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La primera acusación

Dos entidades han respondido a este llamado hasta ahora. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) que está bajo la dirección de Juan Carlos Navarro y el Ministerio de Educación que dirige Lucy Molinar.

MiAmbiente fue el primero en presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. En esta denuncia presentada en agosto pasado, se denunciaron irregularidades relacionadas con el alquiler de dos locales comerciales, que fueron arrendados durante tres años y estaban equipados con todo el mobiliario, pero nunca se usaron. El alquiler fue de $68,580 entre 2021 y 2023.

Sin embargo, a principios de este mes, MiAmbiente regresó ante las autoridades del Ministerio Público para presentar una denuncia debido al supuesto daño al sistema de Recursos Humanos, así como la pérdida de registro e información de los empleados públicos.

El equipo legal de la entidad presentó una denuncia en contra de aquellos que podrían ser responsables de la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en perjuicio de la institución, y que podrían causar daño a este sistema.

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Mi Ambiente informó que en 2018 se firmó un acuerdo para "diseñar, desarrollar, suministrar, implementar, capacitar, apoyar y mantener un sistema de gestión de personal y recursos humanos", el cual fue aprobado por la Contraloría General de la República. La entidad afirma que el daño ocurrió en marzo de 2024, y el sistema estaba destinado a almacenar toda la información de la Oficina Institucional de Recursos Humanos. 

Los difuntos que cobran

Mientras que hace siete días, el Meduca presentó una denuncia penal después de que las auditorías internas de esa instancia descubrieran que, desde 2021, se estaban pagando salarios a 16 docentes fallecidos a través de transferencias electrónicas.

En un comunicado el  Meduca afirmó que "la auditoría continúa y próximamente estaremos presentando otras denuncias de casos que se han encontrado".

Según ellos, el objetivo del ministerio es determinar la responsabilidad de los funcionarios y exfuncionarios, por lo que se ha puesto a disposición del Ministerio Público toda la información necesaria.

En espera

Aunque se han descubierto numerosas irregularidades y se han presentado denuncias ante el Ministerio Público, aún se espera que otras instituciones que han dicho públicamente que existen irregularidades presenten las denuncias.

En esa línea se encuentra, Roxana Méndez, responsable de la Autoridad Nacional de la Descentralización, quien  a petición del presidente Mulino ha concedido un plazo de 60 días a las autoridades locales que se reeligieron y a las que no lo hicieron para que presenten un informe sobre cómo se invirtieron los recursos que la entidad entregó a los gobiernos locales (alcaldías y juntas comunales) en la pasada administración.

Méndez ha confirmado que en la administración anterior existía una cuenta para la "descentralización paralela", con transferencias realizadas sin justificación, lo que resultó en la asignación de más de $150 millones a diversas juntas comunales durante los años 2022 y 2023. El presidente Mulino ha señalado que el Ministerio Público debe intervenir para garantizar que no se juegue más con los fondos públicos si no hay respuestas claras.

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A la fecha, solo el 20% de los 754 gobiernos locales han presentado su informe.

Se espera que el  Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), liderado por Jaime Jované, presente  denuncias relacionadas con excesos en la planilla, la cual afirma haber reducido, y sobre  la duplicidad de cheques.

Incluso, durante la tarde del miércoles, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó una citación a Jované para discutir tanto ese asunto como la del bono solidario de vivienda.

Mientras que la actual directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, Saquina Jaramillo ha dicho que que todo hallazgo que vislumbre en un posible delito será denunciado ante el Ministerio Público.

El presidente Mulino ha destacado que las medidas no tienen como objetivo perseguir políticamente a sus oponentes, sino garantizar que el Ministerio Público cumpla con su responsabilidad de investigar y sancionar cualquier incumplimiento en el uso de fondos públicos.

En tanto, dirigentes de la sociedad civil organizada esperan que todas estas denuncias públicas sean presentadas ante el Ministerio Público y que las mismas sean investigadas por las autoridades de turno, así lo expresó Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana.