La advertencia de Mulino a sus ministros: 'si no van a llevar los casos de corrupción al Ministerio Público, mejor cállense la boca'
José Raúl Mulino
Por ahora, MiAmbiente, a cargo de Juan Carlos Navarro, es la única entidad que ha anunciado que ha presentado denuncia ante las autoridades competentes.
Panamá/Una serie de irregularidades manejadas en la administración pasada han salido a la luz pública tras declaraciones de algunos ministros y autoridades de los gobiernos locales. Sin embargo, pocas son las denuncias que los nuevos funcionarios han presentado ante las autoridades para su debida investigación.
El jueves, 15 de agosto en su conferencias semanales, el presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que no puede garantizar que se hará justicia, pues solo puede llevar los temas al Ministerio Público. "Aquí se ha despilfarrado. Donde se hace así [presionó su dedo sobre el podio] hay un negociado, una coima, botellas, cash back, sobre todo en la Asamblea… vamos poco a poco."
Y acto seguido indicó: “Yo no quiero que los ministros hablen de corrupción; si no van a llevar los casos de corrupción al Ministerio Público, mejor cállense la boca, porque esto no es un banderín político (...)”.
En julio pasado, la vocera de gobierno Sareis Pineda informó que el Presidente instruyó a sus ministros a denunciar las irregularidades ante el Ministerio Público. Hasta la fecha, ningún ministro ha anunciado que haya presentado alguna denuncia ante las autoridades competentes, pero sí han hecho públicas las irregularidades encontradas.
A la fecha, solo se ha presentado una denuncia de la actual administración de gobierno. Precisamente, ayer sábado MiAmbiente, a cargo del ministro Juan Carlos Navarro presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción, contra quien resulte responsable, por el alquiler de dos locales comerciales que fueron arrendados durante tres años, y que fueron equipados con todo el mobiliario, pero nunca fueron utilizados.
Se trata de dos contratos de arrendamiento, por el orden de $68,580, que comprende un período de tres años desde el 2021 al 2023, pagados en su totalidad a un solo propietario.
Lea: MiAmbiente denuncia ante Fiscalía Anticorrupción el alquiler irregular de locales nunca utilizados
Pendientes
Entre las denuncias hechas públicas por los ministros está la realizada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, en manos de Jaime Jované, sobre excesos en la planilla y duplicidad de cheques. Incluso, el ministro ha dicho que ha reducido la planilla.
También la Autoridad Nacional de Descentralización, a cargo de la exalcaldesa del distrito de Panamá, Roxana Méndez ha denunciado una cuenta utilizada para la "descentralización paralela".
En comunicado, de la Autoridad de Descentralización se explicó que esta cuenta fue diseñada para atender urgencias en cualquier corregimiento y permitir respuestas expeditas. Agregan que constataron que, "durante los años 2022 y 2023, se transfirieron sumas significativas de esta cuenta a juntas comunales y algunos municipios sin la debida justificación ni propósito claro de los fondos desembolsados".
La Autoridad Nacional de Descentralización identificó que los montos transferidos superan los 150 millones de dólares y fueron recibidos por diversas juntas comunales.
Puede leer: Uso de fondos de descentralización sin justificación
Las quejas de irregularidades también han venido de la Lotería Nacional de Beneficencia, pero hasta la fecha, no se ha presentado ninguna denuncia. Incluso, el propio mandatario se mostró molesto por esas anomalías.
“Hay una entidad que es muy cara a los intereses del pueblo panameño, la Lotería Nacional de Beneficencia. Lo que tengo informado por la señora directora Saquina Jaramillo no es bueno, no voy a andar con paños tibios en este aspecto; la Lotería Nacional de Beneficencia es una entidad que está carente de sistematización, por lo que solicitaré, y así se lo dije a la Autoridad de Innovación Gubernamental, que le metan la mano”, indicó durante su segunda conferencia de prensa semanal, el 25 de julio. Aún este nombramiento no ha sido ratificado por la Asamblea.
También vea: Billeteros aplauden decisión de eliminar lotería electrónica, defienden los sorteos tradicionales
En los gobiernos locales
A pesar de las denuncias que han realizado al menos 15 autoridades locales en medios de comunicación y redes sociales, solo se han presentado dos denuncias por los funcionarios. Otras han sido abiertas de oficio por el Ministerio Público.
Serena Vamvas, representante del corregimiento de San Francisco, interpuso una denuncia por el presunto delito contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos, así como contra la administración pública y el patrimonio económico de la Junta Comunal.
Milagros Cedeño, quien actúa como representante de Las Garzas, hizo lo propio hace dos semanas, cuando presentó una denuncia por corrupción y peculado por un monto estimado en un millón de dólares en contra de su antecesor, Noel Camargo. Cabe señalar que Milagros Cedeño es la suplente del representante electo Alaín Cedeño, ambos hijo del actual diputado de Realizando Metas Alaín Cedeño.
El miércoles 21 de agosto, el representante de Parque Lefevre, Rodolfo Rody Rodríguez hizo lo propio y presentó una denuncia formal contra la gestión de su antecesor Sebastián Abadía.
Mientras que el Ministerio Público lleva adelante dos investigaciones de oficio. Una comenzó después de las declaraciones del alcalde Mayer Mizrachi en los medios de comunicación sobre la existencia de una "planilla cashback" llena de personas que recibían pagos salariales con la obligación de devolver parte del dinero al "padrino" que los nombró en la entidad.
La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación de oficio por las anomalías denunciadas en el Municipio de Panamá.
Sobre esta investigación, los abogados Heraclio Bustamante y José Antonio Moncada presentaron una denuncia por este caso y pidieron la comparecencia de Mizrachi para que presente evidencias.
De manera oficiosa, el MP también investiga el hallazgo de un arma de fuego en uno de los archivadores del Municipio de Calobre, en Veraguas, denunciado en los medios por el alcalde Fermín Saldaña.
La advertencia ciudadana
Que no se hayan presentado denuncias a casi dos meses de gestión no sorprende a algunos dirigentes de la sociedad civil organizada que esperan que las denuncias hechas públicas no queden sin ser investigadas.
Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana manifestó que en Panamá, al ser un país pequeño y con una red de relaciones tan cercana "es común que se eviten confrontaciones directas, pero se hace necesario presentar las denuncias".
Considera que muchos actores políticos prefieren no arriesgarse a enfrentamientos que podrían tener repercusiones personales o profesionales. Además, dijo, que el proceso burocrático en Panamá a menudo resulta en que las irregularidades sean validadas o refrendadas por la Contraloría, lo que complica aún más la presentación de denuncias.
"Los ministros, en lugar de centrarse en estas irregularidades, suelen enfocarse en avanzar en sus agendas y cumplir con las directrices del Presidente en este caso, del Presidente Mulino, quien ha enfatizado la importancia de avanzar y trabajar en las prioridades del gobierno", señaló.
A su juicio no presentar denuncias hacen que los funcionarios se conviertan en "cómplices".
No presentar denuncias y evitar investigar puede llevar a que se conviertan en cómplices de problemas heredados de administraciones anteriores".
Muchas de las contrataciones que hoy son cuestionadas por las nuevas autoridades fueron refrendadas y avaladas por la actual Contraloría que maneja Gerardo Solís, por lo que, su actuar en esa entidad es blanco de cuestionamientos ciudadanos.
Precisamente, el jueves, el nuevo contralor de la República, que tomará posesión de su cargo, el próximo 2 de enero, el empresario Anel “Bolo” Flores, declaró que perseguirá a los beneficiarios de la llamada descentralización paralela, cuestionó los "mal asignados" apoyos económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y se mostró dispuesto a promover la derogatoria de la Ley 351 del 22 de diciembre de 2022, que otorgó poderes especiales al contralor.