Investigaciones por caso Odebrecht siguen causando revuelo en Panamá

La sociedad civil organizada en el país sigue fiscalizando las actuaciones del Ministerio Público (MP) en cuanto al polémico caso Odebrecht.

En esta ocasión, se manifestaron en las afueras del MP para exigir “transparencia en las investigaciones”.

El abogado Ernesto Cedeño, manifestó que “están fiscalizando al Ministerio Público”, luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos asegurara en un informe que la transnacional Odebrecht pagó $59 millones en coimas a altos funcionarios panameños para que le garantizaran contratos públicos.

Durante el piquete en las afueras del ente de investigación panameña, los ciudadanos mostraban en sus carteles que esperaban justicia “caiga quien caiga”.

La semana pasada el mismo secretario general de la Procuraduría General, Rolando Rodríguez, confirmó que por lo menos hay 22 millones de dólares congelados en Suiza a panameños.

Beneficiarios de coimas de Odebrecht

Además Rodríguez dijo que ya la institución tiene los nombres de algunas personas, que han sido señaladas en la incipiente investigación por el pago de 59 millones de dólares de coimas a exfuncionarios panameños.

Rodríguez también adelantó que en cuanto a esas personas identificadas en el expediente, ya han acudido al Ministerio Público sus representantes legales, pero por ahora no han dicho si han ordenado indagatorias a estos implicados. De esto depende justamente que se tomen acciones concretas como la aplicación de medidas cautelares.

Los nombres como tal no los reveló, pero sí destacó que Odebrecht no solo debe confesar nombres sino fechas y datos específicos así como la forma y el modo como ocurrieron los hechos.

¿Por qué no se revelan los nombres?

El abogado, Ángel Luis Álvarez, explicó que en el Artículo 4 de la Ley 121 de 2013 del Código Procesal Penal, se establece que "cuando en el desarrollo de la investigación, la publicidad pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad o provocar la fuga de algún sospechoso, el fiscal competente podrá disponer por resolución fundada la reserva total o parcial de las actuaciones hasta por treinta días consecutivos".

"El plazo podrá extenderse por iguales periodos, pero la defensa podrá solicitar al juez de garantías o al juez competente que examine los fundamentos de la disposición y ponga fin a la reserva. A pesar del vencimiento de los plazos establecidos, cuando la eficacia de un acto particular dependa de la reserva parcial de las actuaciones, el fiscal competente podrá solicitarle al juez que disponga realizarlo sin comunicación previa a las partes, las que serán informadas del resultado de la diligencia".

En todo caso, treinta días antes de la conclusión de la investigación, el resultado de las diligencias de investigación practicadas con reserva será puesto en conocimiento de las partes para garantizar el derecho de defensa.

A juicio del jurista, es importante guardar la presunción de inocencia, mientras duren las investigaciones.