Interponen denuncia en Fiscalía Anticorrupción contra la alcaldesa de Arraiján por polémico decreto municipal

Ciudad de Panamá, Panamá/Una denuncia penal fue presentada contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. La acción judicial fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta comisión de los delitos de extralimitación de funciones y abuso de autoridad, peculado, infracción de los deberes, omisión de los deberes públicos por la creación del Decreto Municipal N°8 del 20 de agosto de 2024, en el que se disponen más de 90 sanciones municipales y que lleva la firma de Peñalba.

Uno de los numerales citados por Abdiel González, abogado denunciante, es el 63, donde conductores que establezcan piqueras de todo tipo para el abordaje o acopio de personas, en áreas no destinadas para tal fin y/o sin el correspondiente permiso de las autoridades correspondientes, entre ellas el Municipio de Arraiján, se les asignará multas de entre 1,000 a 2,500 dólares por cada vehículo.

"Ese tipo de sanciones ya se encuentra en el Decreto Ejecutivo N° 640 de 27 de diciembre de 2006, por el cual expide el Reglamento de Tránsito V de la República de Panamá, por lo que, presuntamente, la alcaldesa de Arraiján estaría violando e incurriendo en el presunto delito de abuso de autoridad, toda vez que con este decreto, abusando de su cargo, se están cometiendo hechos arbitrarios en perjuicio de la población de Arraiján. Además, se violentan derechos de la Constitución Nacional en su artículo 18 por posible extralimitación de funciones y artículo 32, que indica que nadie puede ser juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más por una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria", detalla González en la denuncia.

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En el escrito legal interpuesto también habla de que el decreto alcaldicio firmado por Peñalba, en su numeral 61, sobre estacionarse en espacios asignados para personas con discapacidad sin el correspondiente carné, recibirá sanción de 500 dólares; sin embargo, el denunciante explica que este tema no es competencia para las autoridades municipales y que el tema se encuentra regulado por el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestres y que por esta multa el monto es de 300 dólares.

Por lo anterior, González es del criterio de que la alcaldesa Peñalba, en el decreto municipal, pretende una doble sanción contra los ciudadanos que incurran en estas faltas.

Se intentó obtener la versión de la alcaldesa de Arraiján, pero no se obtuvo respuesta al cierre de esta nota.

El Decreto Municipal N°8 de 20 de agosto de 2024 ha generado una serie de polémicas en torno a los temas que se sancionan y el monto de algunas multas que ha tenido relevancia en medios internacionales. Uno de los temas más escandalosos fue la sanción para el dueño de los perros que ladran arriba de los 50 decibelios; sin embargo, ante el rechazo de la población y grupos a favor de los animales, Peñalba se vio obligada a modificar ese tema del decreto.

Otros abogados han presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, considerando que existen muchos numerales de Decreto Municipal que violan la Constitución y legislaciones panameñas.

En materia de ilegalidades sobre decretos alcaldicios, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ya ha dictaminado fallos. El 9 de junio de 2021, bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise declaró ilegal el decreto alcaldicio N°025-2019 de 1 de agosto de 2019 emitido por el entonces alcalde de Panamá José Luis Fábrega, inherente a las multas por estacionar vehículos sobre las aceras, zonas verdes y espacios públicos. 

La Corte señaló que, en el decreto emitido por la alcaldía de Panamá, no se tomó en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito Vehicular de la ATTT, que establece sanciones al incurrir en estas mismas faltas.