Interponen acciones legales tras escándalo por programa de auxilio económico

Acciones legales fueron interpuestas este lunes 24 de octubre, ante la Fiscalía General de Cuentas y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), por parte del abogado, Ernesto Cedeño, tras el escándalo surgido por el manejo que se le ha dado al programa de alivio económico a cargo del Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

En la Fiscalía de Cuentas, Cedeño solicitará una auditoría a la Contraloría General de todo el programa y conocer a quiénes ha estado dirigido; mientras que, en la Antai, se interpondrá una denuncia administrativa para investigue la conducta de funcionarios encargados del programa y su hubo uso innecesario del erario, según explicó el Abogado en Noticias AM.

De acuerdo con el jurista, “el hartazgo” ciudadano, se deriva del cómo sustentar o qué análisis está utilizando el Ifarhu, para declarar debidamente sustentado a una persona que tiene recursos económicos.

Para Cedeño el pleno de la Corte Suprema de Justicia, tiene parte de la culpa al blindar con la restricción de la norma de protección de datos, información de transparencia.

En este sentido, el jurista considera, que todo lo que resulte de los fondos públicos debe hacerse de acceso a todos los ciudadanos para su fiscalización.

“Cómo es posible que una persona asalariada que tiene dinero y familia para salir adelante, se escude en un auxilio económico, esto pudiera interpretarse como uso inadecuado de los recursos del Estado”, enfatizó.

Los cuestionamientos por la entrega de este subsidio económico surgen luego de conocerse que familiares de varias figuras políticas han sido beneficiadas de los mismos, por parte del Ifarhu.

El reglamento establece que los auxilios económicos serán otorgados a funcionarios públicos y docentes universitarios que asistan a programas de educación continua.

 

También los funcionarios del Ifarhu, los estudiantes panameños para estudios superiores en universidades locales o extranjeras, y los estudiantes de escasos recursos de universidades oficiales.

 

Se enfatiza que para la evaluación y el otorgamiento de este beneficio el solicitante deberá sustentar la necesidad económica o académica.