Diputado Palacios insistirá en proyecto que inhabilita a empresas condenadas por corrupción

La falta de confianza en la institución es una de las principales razones por las que los diputados de la bancada independiente Vamos insisten en la presentación de una iniciativa anticorrupción para que sea discutida en la Asamblea Nacional.

Se trata del proyecto de ley 114 que excluye o impide a las empresas condenadas por corrupción licitar con el Estado, misma que fue rechazada cuando se presentó en la Comisión de Economía y Finanzas.

Augusto Palacios, diputado proponente, dijo que la corrupción es latente y es un dolor para la comunidad, por lo que han decidido llevar la bandera anticorrupción por medio de iniciativas legislativas para combatirla de frente.

Frente a las declaraciones que se vertieron en cuanto a que, si la iniciativa era constitucional o no, Palacios pidió respeto hacia su persona, señalando que como abogado sabe que es la Corte Suprema de Justicia quien debe decidir eso, y no es responsable esbozar estos señalamientos injustos en medios de comunicación.

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Explicó que se solicitó una subcomisión para el análisis del proyecto, lo que fue rechazado. Se hicieron modificaciones para subsanar ciertos visos que argumentaban la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Procurador de la Administración, pero esto fue en vano.

Palacios manifestó que la nueva propuesta es una restricción de carácter administrativo y lo que se está haciendo es determinar quiénes son las personas naturales o jurídicas que podrán contratar con el Estado panameño.

Es muy importante que se respete la postura de este despacho. Que sano hubiese sido para este país entero que un proyecto de ley tan importante como este se le hubiese dado la oportunidad de ser llevado a una subcomisión”, expresó.

El diputado aseguró que actualmente más de 10 empresas condenadas por corrupción que han llegado a un acuerdo de no pena con el Ministerio Público siguen licitando con el Estado, aunque reconoce que esta medida es legal.

Recalcó que esta semana presentará nuevamente el proyecto, con nuevas modificaciones, esperando que pueda ver la luz en la Comisión de Economía y Finanzas, ser debatido en el pleno y enviado para su sanción.

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Proyecto anterior

El proyecto original que fue rechazado por la Comisión proponía, dentro de las causales para inhabilitar a empresas que buscan contratar con el Estado, a las personas naturales que hayan sido condenadas, con penas de prisión de uno o más años, por sentencia judicial definitiva, por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública, cuando sean personas naturales, por un tribunal panameño o extranjero.

Asimismo, se aplicaría en el caso de las personas jurídicas sancionadas mediante sentencia judicial definitiva por los mismos delitos, así como a sus beneficiarios finales. En estos supuestos, la incapacidad legal para contratar sería permanente.

La propuesta recibió cinco votos en contra y cuatro a favor. La rechazaron los diputados Benicio Robinson Jr. y Arquesio Arias, del Partido Revolucionario Democrático, y los diputados Ronald De Gracia y Víctor Castillo, del partido Realizando Metas, así como Manuel Cohen, de Cambio Democrático.