Fórum de Periodistas publica informe sobre el estado de la 'libertad de expresión' en Panamá

El Fórum de Periodistas de Panamá publicó este jueves un informe en el que registra sus preocupaciones sobre la libertad de expresión en relación con el proyecto de reformas al Código Electoral que se discute en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y que serán entregada a la Asamblea Nacional en enero de 2021.

La principal preocupación del Fórum, de acuerdo con el documento, es asegurar que el contenido final de las propuestas no afecte la libertad de expresión y la amplitud en la cobertura periodística de los procesos electorales.

Contra la libertad de expresión

Entre los casos que refleja el informe se encuentra la presentación ante la Asamblea Nacional por el diputado Javier Sucre de un proyecto de ley que busca sancionar a las personas que “graben videos, tomen fotos de calamidades, catástrofes, accidentes, riñas o cualquier incidente que se presente, afectando a terceras personas y se publiquen en redes sociales”.

También se incluye la acción del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien ha presentado quince (15) querellas por la posible comisión de delitos contra el honor a la Corporación La Prensa, se suma una interpuesta al periódico Mi Diario, totalizando treinta y ocho (38) periodistas, directores o directivos querellados de la misma casa editorial, con reclamaciones hasta por un monto de 46.1 millones de dólares.

Otro caso es el de la jueza de Garantías Elkis Martínez Agrazal quien ordenó la prohibición de capturar o fotografiar imágenes del querellante, abogado Janio Lescure, en el caso contra el diario La Prensa. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia ratificó esta decisión.

"Destacamos que las imágenes, fotografías, videos o cualquier otra representación visual son un elemento esencial en el ejercicio del periodismo y por lo tanto, prohibirlas en la cobertura de hechos de interés público, es una forma de censura", afirma el informe.

Por otra parte, se incluye que en julio, la jueza Lina Castro de León ordenó un secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa por un monto de 1.13 millones de dólares, dentro de una demanda presentada por el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, por presuntos daños y perjuicios a su reputación y honor, proceso que data de 2012 y que se encuentra pendiente de decisión.

La legislación panameña permite que ante un proceso por daños y perjuicios el reclamante pueda promover el congelamiento de activos que sean necesarios para la operación continua e ininterrumpida de los medios de comunicación.

Por esta acción de secuestro, (11) organizaciones panameñas remitieron carta al Relator Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando un pronunciamiento ante lo que consideran “acciones de hostigamiento judicial” contra medios y periodistas con especial mención, al secuestro de cuentas bancarias y activos de Corporación La Prensa.

Calumnia e injuria

"Señalamos que en Panamá existe una norma que prohíbe se dicten medidas cautelares sobre bienes y activos de los medios audiovisuales de comunicación social (radio y televisión) vulnerando el principio de igualdad, al no existir una disposición similar para los medios impresos y digitales; dejando abierta la puerta para que estas medidas afecten el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión", aclara al Fórum.

También se incluye el caso de la plataforma digital FOCO, un medio alternativo con un año de fundado, solicitó medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención a “amenazas telefónicas, acoso cibernético, querellas y denuncias penales” que afectan a sus integrantes en el ejercicio de su libertad de expresión.

El informe señala que se observa "el incremento de acciones judiciales contra medios de comunicación, periodistas y generadores de opinión (influencers), como herramienta de intimidación para promover la autocensura. Se requiere los administradores de justicia se pronuncien de manera expedita y clara en defensa de los derechos constitucionales de libertad de expresión y acceso a la información".

Le parece importante señalar que en Panamá se mantiene vigente en el artículo 195 del Código Penal la tipificación de la Injuria y Calumnia cuando se cometan a través de medios de comunicación, y aunque ha quedado despenalizada cuando se trata de que la “supuesta víctima” es un funcionario con mando y jurisdicción nacional, puede ser aducida por particulares, el resto de los funcionarios y exfuncionarios. El Código Penal tipifica estos delitos con prisión de 6 a 18 meses o sus equivalentes a días multas.

"Requerimos la despenalización de los llamados delitos de calumnia e injuria, para que las reclamaciones correspondientes sean atendidas por la jurisdicción civil y al mismo tiempo, que se establezcan límites a las cuantías en las demandas civiles para que estos procesos no terminen convirtiéndose en herramientas para intimidación a periodistas y comprometer el normal funcionamiento de los medios de comunicación", afirma el informe.

Ley de transparencia

Tambien destacan que continúa la fase de investigación, por parte del Ministerio Público, del caso “New Business”, basada en información remitida por la Asamblea Nacional de Diputados, que atañe a la adquisición del grupo EPASA por sus actuales propietarios. EPASA considera que estas investigaciones buscan intimidar a los diarios Panamá-América y Crítica, debido a las informaciones relacionadas con casos de corrupción que han publicado.

Y reitera que "tratándose de un medio de comunicación social y visto que estas investigaciones llevan más de tres (3) años, el Ministerio Público debe concluirlas e informar a la ciudadanía sus resultados".

El informe finaliza haciendo referencia a las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de no admitir una acción de Habeas Data de información sobre la utilización de fondos públicos durante el periodo de pandemia, reitera la necesidad de reforzar la Ley de Transparencia a funcionarios e instituciones por parte de (ANTAI) a fin de lograr un mejor acatamiento y disposición proactiva de las instituciones públicas a la hora de dar respuesta a periodistas o ciudadanos.

El Fórum de Periodistas señala en su informe que al igual que en el resto de los países, la pandemia de COVID- 19 ha provocado graves afectaciones en el ejercicio del periodismo y en la ya compleja situación de sostenibilidad financiera de los medios de comunicación, que se han visto obligados a realizar importantes ajustes en su funcionamiento, lo que fija retos enormes para el próximo año.