Incapacidad para vigilar favorece tala ilegal de Cocobolo

Las formas como se cometen delitos contra el medio ambiente son cada vez más diversas y sofisticadas, lo que exige de las autoridades mayor capacidad y eficacia para prevenirlos, perseguirlos y castigarlos. A la sombra de un Estado incapaz de proteger su diversidad, como uno de sus más valiosos patrimonios, el problema crece y se agrava.

La tala ilegal, lejos de disminuir, se está incrementando en la medida en que los grupos criminales mejoran su capacidad organizativa, y modifican sus tácticas para burlar a las autoridades. Rita Spadafora, de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), considera que hay corrupción en todas las instancias gubernamentales “de alguna forma”, pues no entiende como si se conocen los lugares donde se realiza la práctica ilegal y que recorre las comunidades no hay mayor control.

El presidente del Congreso General Emberá Wounaan, Heriberto Dorigama, advirtió que no permitirán que se siga devastando. “Usaremos herramientas legales de la Ley 22 y la Carta Orgánica”, dijo.

Crimen organizado

Ruth Morcillo, fiscal de Delitos Ambientales explicó que el delito no lo realiza una sola persona. Quien tala los árboles “necesita todo un engranaje criminal para finalmente obtener el resultado de esa actividad ilícita. Eso ya te indica que estamos ante grupos organizados”.

Las autoridades reconocen que sale mucho Cocobolo ilegal de la zona, pero no pueden responder la pregunta de cómo es que pasa esta carga por la única carretera que conecta la región Oeste del país con los puertos de exportación en la región Metropolitana. A lo largo de la vía Panamericana, desde Chepo hasta Metetí, en Darién, se observa la movilización de mulas cargadas de tucas.

Pero los traficantes tienen tácticas. Una de ellas es la de cambiar el traslado de la madera en tucas por tablones, bajo carga de otras especies de madera o debajo de otro tipo de carga en camiones volquetes.

Entidades sin recursos

Yara Chandeck, subdirectora de Logística de la Autoridad Nacional de Aduanas sugiere reforzar los controles en este aspecto, pues se supone que al momento de la carga de los contenedores debe haber funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Pero la Anam se defiende. Gerardo González, director de Cuencas Hidrográficas, señaló que la entidad se encarga de hacer los controles administrativos y del cobro de las multas. Agregó que la ley solo les permite retener los vehículos por un tiempo determinado, de 4 a 6 meses.

Para el ambiantalista Segundo Sugasti, mientras se manejen desde Panamá asuntos que ocurren en Darién sin el monitoreo respectivo, esto va a continuar.

Incautaciones en aumento

En 2014 se han hecho incautaciones en el Puerto de Balboa, La Mitra de La Chorrera y Azuero. En 2012 se decomisaron 300 mil kilogramos de cocobolo, mientras que en 2013, más de 900 mil. Para este año la cifra sobrepasa los 4 millones de kilogramos.

Concesiones: ¿Autorizadas o no?

El obispo de Darién, Pedro Hernández señaló que se ha perdido la visión de que se está destruyendo la selva, haciendo concesiones “no sé si bien autorizadas por el gobierno actual o pasando bajo perfil hasta por 25 años”, y mencionó a una persona de origen asiático de nombre Joaquín, como el propietario de la concesión.

Justo Marcial Ortega, fiscal de Darién, admitió que señores de origen asiático que compran Cocobolo son precisamente quienes tienen concesión legal. “Mi llamado con todo respeto es que este tipo de concesiones, sin vulnerar los derechos de aquellos que están legales, deben ser revisadas”, indicó.

Permisos comunitarios otorgados en áreas comarcales agudizan el conflicto entre colonos e indígenas, que ya han provocado en el pasado confrontaciones violentas con saldos trágicos. Los indigenas Emberá no aceptan la tala indiscriminada y han interpuesto demandas penales en la Fiscalía de Darién, porque a pocos días para que termine el actual periodo, se siguen dando concesiones.

Dorigama se queja de estos permisos que se concedan a estas alturas, cuando la gestión de este gobierno se está terminando. “Se ha pedido una investigación y hasta ahora todo está en silencio”, aseveró. Las autoridades de la Comarca aseguran que se están aprobando permisos sin aprobación de las autoridades tradicionales. Se usan máquinas de noche, en lo profundo de la selva.

El equipo de TVN Investiga caminó por más de tres horas entre trochas y senderos, hasta llegar al área devastada de la comunidad de Santa Rosa, en Sambú.

Leónides Cnampa cuenta que entran con tractores (grillos), lo que les facilita el acceso. Sacan las mejores piezas y el resto lo abandonan.

Sobrevolamos el área de Chimán para tener más pruebas de lo que sucede. Las cámaras de TVN captaron camiones en espera, chozas improvisadas, sierras, puestos de control puestos por los traficantes, caminos de salida y tucas abandonadas. La ruta del Cocobolo puede ser por vía fluvial, marítima y terrestre. Mantienen un periodo de zafra de enero hasta mayo, aprovechando el verano para meter maquinaria en la selva.

Reconocen incapacidad

La Anam reconoce su incapacidad para proteger más de 11 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial de Darién. González aceptó no tener suficiente personal o equipo. Los sitios son de difícil acceso “y no podemos llegar a ciertas áreas”. Reveló que han realizado convenios con el Servicio nacional de Fronteras y el Ministerio Público para efectos de vigilancia que les han dado buenos resultados.

Gonzalez: No tenemos suficiente personal o equipo, áreas de difícil acceso y no podemos llegar a ciertas áreas. Convenios con Senafront y MP que resultan.

En el puesto de control de Agua Fría se verifica que las marquillas en la madera coincidan con los permisos. Pero sin controles o supervisión, se escapan toneladas de Cocobolo y se roban el decomisado, aunque actualmente lo decomisado está bajo custodia de Senafront.

En el año 2013 hubo 85 procesos por tala ilegal. Este año ya van 21 y por tráfico de Cocobolo van 2 casos.

Dejan otros delitos y atentan contra el ambiente

El hecho de que las penas por delitos ambientales sean bajas, estimula a que delincuentes se cambien a otro negocio ilegal, altamente rentable, pero con sanciones comparativamente menores a las de narcotráfico, trata de personas u otros frecuentes en esta región del país.

El obispo Hernández señaló que los narcotraficantes “se alían con personas que conocen bien como trasegar paralelamente a los puestos de control”. Añadió que por este motivo han logrado controlar la situación en Chepo, pues atravesaron puestos de control sin ser vistos.

El que trafique, comercialice, negocie, exporte o importe madera de forma ilegal, tiene una pena de 3 a 5 años de prisión, indicó la fiscal Morcillo.

Otro perjuicio grave es que los caminos que deja la extracción ilegal incrementa de forma descontrolada e incontenible la colonización territorial de una reserva natural invaluable para el futuro de la humanidad, porque las autoridades no impiden el saqueo de esta riqueza irrecuperable.

Stanley Heckadon, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, contó que quienes menos se aprovechan son los indígenas o campesinos, pues no afectan los árboles. “El negocio está en la reventa, compra, exportación”. “Ellos reciben una mínima cosa”, sentenció.

¿Quién se queda con la mayor ganancia que genera el tráfico ilegal de la madera? Es la pregunta que se hacen los darienitas, cada vez más pobres paradójicamente, cada vez más distantes del crecimiento económico que se concentra casi exclusivamente en la capital.

Solo atacando todos los eslabones de la cadena delictiva, desde operadores en la selva hasta quienes desde posiciones encumbradas exportan al exterior madera ilegal, se podrá evitar que perdamos para siempre esta riqueza.